El Juzgado Penal Supremo eleva el expediente a la Sala Penal Permanente tras la condena de nueve meses de prisión suspendida. El fallo ha sido comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El Poder Judicial dispuso elevar a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el proceso seguido contra Fernando Rospigliosi por el delito de difamación agravada en agravio de Delia Espinoza, luego de que ambas partes presentaran recursos de apelación contra la sentencia emitida en abril de este año.
La decisión fue adoptada por el juez supremo Juan Carlos Carbajal Chávez, titular del Juzgado Penal Supremo de Investigación Preparatoria, quien ordenó remitir el expediente a una instancia superior para una nueva revisión del caso, en cumplimiento del principio de pluralidad de instancias y del debido proceso.
CONFIRMAN CONDENA DE PRISIÓN SUSPENDIDA
En la resolución judicial se recuerda que el pasado 15 de abril de 2026, Fernando Rospigliosi fue condenado a nueve meses de prisión suspendida tras ser hallado responsable del delito de difamación agravada contra Delia Espinoza.
La sentencia también incluyó reglas de conducta y otras medidas establecidas dentro del proceso penal, aunque la decisión aún no adquiere la condición de firme al encontrarse pendiente de revisión por la Sala Penal Permanente.
NOTIFICAN AL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
El Juzgado Penal Supremo informó además que ya se cumplió con remitir la comunicación correspondiente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conforme al procedimiento establecido para casos que involucran a autoridades o figuras públicas.
Sin embargo, la resolución precisa que dicha notificación no implica una ejecución definitiva de la condena, debido a que las apelaciones presentadas mantienen abierto el proceso judicial.
SALA SUPREMA EVALUARÁ RESPONSABILIDAD PENAL
Con la elevación del expediente, será ahora la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema la encargada de revisar los argumentos expuestos por ambas partes y determinar si confirma, revoca o modifica la sentencia emitida en primera instancia.
La resolución judicial enfatiza que este mecanismo constituye una garantía procesal que asegura el derecho de las partes a que un tribunal superior evalúe la legalidad y fundamentación del fallo cuestionado.
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