Existe preocupación por la falta de gestión coordinada y articulada de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.
Los Centros de Operaciones de Emergencia deben funcionar de manera permanente, en cumplimiento de la ley.
Frente al inicio del periodo de lluvias en la mayoría de regiones, la Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades regionales y locales orientadas a la ejecución de acciones concretas para la reducción del riesgo, y de ser el caso, emprender acciones eficaces frente a la ocurrencia de eventos naturales, en salvaguarda de la vida de la población.
En el último bimestre del 2017, en atención a los distintos escenarios de riesgo por lluvias como son las inundaciones, deslizamientos, huaycos, entre otros, se ha recordado a cada una de estas autoridades la responsabilidad que tienen de activar el Centro de Operaciones de Emergencia tanto a nivel regional (COER) como a nivel local (COEL) y mantenerlo en funcionamiento permanente los 365 del año y durante las 24 horas del día.
En esa misma línea, las Plataformas de Defensa Civil también deben funcionar para garantizar – de ser el caso- la ayuda humanitaria a través de la distribución y entrega de alimentos, abrigo e instalación de albergues temporales con el apoyo de las entidades privadas.
Se reitera a las autoridades que, en cada una de las acciones que emprendan, se debe garantizar la atención adecuada a las necesidades de la población en mayor situación de riesgo como son los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, gestantes y personas con discapacidad en protección de sus derechos fundamentales.
Finalmente, se ha requerido con urgencia la formulación del Plan de Contingencia, el mismo que precisa las actividades que deben desarrollar, bajo responsabilidad, cada entidad que conforma el Sistema Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres (Sinagerd).
Nuestra institución exhorta a que en el más breve plazo se implementen estas recomendaciones y, a su vez, pide a la población estar atenta a las acciones previstas y llevadas a cabo por las autoridades regionales y locales para colaborar con ellas y cumplir con las medidas de seguridad frente a la ocurrencia de lluvias y sus efectos asociados como son las inundaciones recientemente producidas, entre otros.
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