* Documento no contempla ninguna medida a favor de personas de distinta orientación sexual e identidad de género.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, en una comunicación dirigida al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, expresó su preocupación debido a que el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), aprobado el 5 de julio último, no contempla acciones a favor de las personas LGBTI y las trabajadoras del hogar, ni recoge las principales demandas de algunos grupos en situación de especial vulnerabilidad, como las víctimas de la violencia terrorista, las personas viviendo con VIH-Sida y con tuberculosis, los migrantes, entre otros.
El documento reconoce la incorporación de acciones específicas para promover una cultura de respeto a los derechos humanos en todos los sectores del Estado, aunque destaca la necesidad de visibilizar las agendas pendientes de todos los colectivos que enfrentan distintas vulneraciones en sus derechos fundamentales y, que fueron expuestas en su oportunidad, en las audiencias regionales que se llevaron a cabo durante la formulación del PNDH.
En lo que compete a la población LGTBI, la ausencia de medidas de protección en el Plan Nacional contradice la visión, misión y lineamientos estratégicos reconocidos en el propio documento, así como en los instrumentos y resoluciones internacionales. Así, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su informe del año 2013, instó al Estado peruano a modificar su legislación con el fin de prohibir la discriminación por orientación sexual e identidad de género. «La encuesta para medir la opinión de la población peruana en relación con los derechos humanos del Ministerio de Justicia (Minjus), señala que el 93% de la población considera que la población LGBTI se encuentra más expuesta a la discriminación, el 88% reconoce maltratos físicos contra este colectivo, mientras que el 92% indicó que sufren maltrato verbal», anotó el funcionario.
Con relación a los derechos de las trabajadoras del hogar, el PNDH no contempla acciones a su favor, lo que no se condice con la situación de vulnerabilidad y discriminación que afecta a este sector y que demanda la adopción de medidas y políticas que contribuyan a proteger adecuadamente sus derechos. Así, resulta necesaria la ratificación del Convenio Nº 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo doméstico.
Más adelante, Vega expresó su preocupación pues el diagnóstico y las acciones contempladas en el PNDH no recogen las principales demandas de las víctimas del período 1980–2000, en materia de justicia, reparaciones y memoria. «Pese a las limitaciones que ha mostrado el sistema para investigar y sancionar graves vulneraciones a los derechos humanos, no se incorporan medidas para superarlas, como, por ejemplo, fortalecer los órganos encargados de estos casos así como el sistema de protección de víctimas y testigos».
“No se reconoce la urgencia de reabrir el Registro Único de Víctimas para las reparaciones económicas, el incremento del monto de la indemnización, el pago por cada víctima acreditada en casos de múltiple afectación y, la cesión del derecho en el programa de reparaciones en educación”, enfatizó el representante de la Defensoría del Pueblo.
Con el ánimo de contribuir a que el PNDH recoja las demandas de la población y contribuya con su objetivo de orientar las políticas públicas y acciones del Estado con un enfoque de derechos humanos, y en particular, visibilice a todos los grupos vulnerables, el funcionario señaló necesario incorporar los temas pendientes así como acciones en salud, política migratoria, mujer y pueblos indígenas, entre otros. Asimismo, señaló la necesidad de revisar los indicadores propuestos, así como ratificar los convenios y tratados en materia de derechos humanos que se encuentran pendientes; estos son algunos aspectos a los que hace mención el documento.
