España se ha negado siempre a negociar con los catalanes sobre un referéndum de autodeterminación. Y, cuando en 2017 este movimiento social pacífico auto-organizó un referéndum, el Estado español volvió a negar el debate político y buscó la criminalización del movimiento a través de la Justicia.
Encarcelaron a políticos y activistas, destituyeron a dos presidentes del gobierno catalán, impidieron la investidura del político más votado, prohíben debates parlamentarios e iniciativas políticas, encubren el espionaje ilegal con Pegasus y persiguen legalmente a 3.600 activistas. Como la UE no ha cuestionado a España, cuando la UE critica los gobiernos chino, turco y ruso de no respetar los derechos humanos, ellos responden que actúan como lo hace España con los catalanes.
Y ahora esta injerencia judicial empieza a salpicar al propio gobierno de Madrid. La cúpula del poder judicial lleva cuatro años funcionando caducada y como los jueces son escogidos por los partidos, tienen color político. Ahora el PP (derecha) tiene mayoría en los órganos judiciales y por eso bloquea su renovación para no perder esa mayoría.
Después de cuatro años, el gobierno de PSOE-Podemos (centro-izquierda) quiere modificar la ley de designación de jueces para superar el bloqueo, pero a petición del PP el Tribunal Constitucional (que también tiene dos miembros caducados) ha prohibido la votación del Senado que debía aprobar la reforma. Todo el país ha quedado consternado al constatar cómo el poder judicial ha vulnerado la separación de poderes como si fuera lo más normal del mundo.
Además, para crear crispación, la oposición dice que el gobierno quiere renovar los órganos judiciales para poder modificar el código penal y así favorecer a los independentistas catalanes. ¡Nada más lejos de la realidad! El Gobierno pretende derogar el delito de sedición con el que se condenó a los activistas en 2017 (un delito que el Consejo de Europa había pedido eliminar) para sustituirlo por el delito de desórdenes agravados (un delito ambiguo que los jueces podrán aplicar como quieran). El independentismo ha denunciado que este nuevo delito permitiría aberraciones como impedir el derecho de manifestación y continuar la guerra judicial contra el independentismo pero de manera más disimulada.
Los catalanes ya advertimos que, si no se impedían esas vulneraciones de España, acabaría salpicando más allá de Cataluña. Hasta ahora, Europa ha sido permisiva con España, pensando que cumple unos mínimos estándares democráticos y mirando hacia otro lado cada vez que Madrid ha transgredido las reglas para intentar destruir a la minoría nacional catalana. En todo caso, lejos de conseguirlo, todavía ha reforzado más la determinación por la independencia de Cataluña.
Veremos hasta dónde lleva esta descomposición antidemocrática que ya está afectando a la propia estabilidad del Estado español.
Jordi Oriola Folch
Barcelona - Cataluña
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