La iniciativa plantea sanciones severas para comunicadores e influencers que difundan contenidos durante conflictos sociales, lo que diversos sectores interpretan como una amenaza al derecho a informar.
Una polémica proposición legislativa presentada por el diputado Aldo Antonio Bravo Quispe, integrante del Grupo Parlamentario Renovación Popular, ha encendido las alarmas en el ámbito periodístico y de derechos fundamentales. El proyecto busca incorporar el artículo 316-B y modificar el artículo 46 del Código Penal para tipificar la "apología al delito agravado" durante situaciones de crisis política y conflictos sociales.
SANCIONES SEVERAS Y NUEVOS AGRAVANTES
La iniciativa establece penas privativas de libertad no menores de cuatro ni mayores de seis años para quienes, mediante cualquier medio de comunicación o plataforma digital, promuevan, soliciten, señalen o justifiquen el uso de artefactos explosivos u otros elementos peligrosos que afecten la seguridad ciudadana.
Asimismo, el articulado contempla agravantes específicas cuando los emisores de dichos mensajes sean funcionarios públicos, líderes de opinión, comunicadores, creadores de contenido digital o influencers. Según los fundamentos del proyecto, la medida pretende "evitar que las nuevas formas de comunicación masiva sean usadas de forma tal que afecten la seguridad ciudadana" y salvaguardar la convivencia pacífica.
PREOCUPACIÓN POR EL EJERCICIO INFORMATIVO
No obstante los argumentos de prevención y orden público esgrimidos por los proponentes, organizaciones de la sociedad civil y gremios periodísticos han manifestado su profunda preocupación. Diversos especialistas advierten que la amplitud y ambigüedad de los términos empleados en la norma —como el acto de "señalar"— podrían derivar en una restricción directa a la labor de la prensa.
Críticos de la iniciativa señalan que la tipificación planteada abre la puerta a la criminalización del trabajo de comunicadores y periodistas durante coberturas de protestas y crisis sociales, generando un fuerte efecto inhibitorio (chilling effect) que dificultaría el libre flujo de información y la fiscalización ciudadana en momentos clave para el país.





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