Lima vive una paradoja política difícil de ignorar: mientras crecen el sicariato, la extorsión y la sensación de inseguridad en las calles, el principal responsable político de la ciudad, el exalcalde Rafael López Aliaga, mantiene e incluso fortalece su respaldo electoral en la capital, perfilándose como figura competitiva en una eventual carrera presidencial.
El contraste es evidente. Durante su campaña, López Aliaga prometió una transformación radical de Lima: la implementación de un tranvía, teleféricos y un tren de cercanías que modernizarían el transporte; una política de “mano dura” que reduciría drásticamente la delincuencia; y el compromiso explícito de permanecer en el cargo durante toda su gestión. Hoy, buena parte de esas promesas no se han materializado o permanecen en el papel, mientras la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación ciudadana.
En distintos distritos de la capital, comerciantes denuncian cobros extorsivos, transportistas reportan amenazas constantes y los casos de sicariato han dejado de ser hechos aislados para convertirse en parte de la rutina informativa. La respuesta institucional, sin embargo, no ha logrado contener el avance de estas economías criminales ni reducir la percepción de vulnerabilidad.
Pese a este escenario, el respaldo político hacia Rafael López Aliaga no se erosiona en la misma proporción. Por el contrario, Lima —el espacio donde su gestión es más visible— se mantiene como su principal bastión electoral. ¿Por qué una gestión cuestionada no se traduce en un castigo político claro?
Analistas apuntan a varios factores: un discurso confrontacional que capitaliza el malestar ciudadano, la construcción de una imagen de autoridad frente al crimen, y la debilidad de alternativas políticas capaces de canalizar el descontento. En ese contexto, el respaldo no necesariamente refleja aprobación de resultados, sino una apuesta por expectativas aún no cumplidas.
Sin embargo, esta dinámica abre un debate de fondo sobre la relación entre gestión y representación. La persistencia del apoyo, pese a las brechas evidentes entre promesas y resultados, plantea interrogantes sobre los criterios con los que el electorado evalúa a sus autoridades.
Lima, así, no solo enfrenta una crisis de seguridad, sino también una tensión política: la convivencia entre el miedo cotidiano y el respaldo a un liderazgo que prometió combatirlo sin haber mostrado resultados contundentes. Una contradicción que podría proyectarse, sin mayores filtros, al escenario nacional.
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