La Fiscalía Suprema solicitó una condena de 10 años y 5 meses de prisión contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por su presunta participación en el ingreso irregular a una oficina lacrada del Ministerio Público en enero de 2019, de donde se habría intentado sustraer documentación vinculada a investigaciones del caso Lava Jato.
El requerimiento fue presentado por el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde, quien atribuye a Chávarry los presuntos delitos de atentado contra la conservación e identidad de objeto, encubrimiento real agravado y encubrimiento personal agravado.
Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron el 5 de enero de 2019, cuando el despacho del entonces asesor de Chávarry, Juan Manuel Duarte Castro, se encontraba lacrado por disposición del fiscal José Domingo Pérez, como parte de una diligencia destinada a preservar posibles elementos de prueba en investigaciones preliminares.
La Fiscalía sostiene que el entonces fiscal de la Nación habría participado en una coordinación de emergencia para el retiro de documentación que podría vincularlo con investigaciones que involucraban a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
De acuerdo con la tesis fiscal, se habría dispuesto la inoperatividad de las cámaras de seguridad del noveno piso del Ministerio Público, mientras personal de seguridad y escoltas habrían distraído a los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) que custodiaban el área intervenida.
Asimismo, se señala que la exasesora Rosa María Venegas Mello habría ingresado en varias oportunidades al ambiente lacrado y retirado documentos, intentando posteriormente restablecer los sellos de seguridad para simular que no hubo intervención.
La presunta irregularidad fue advertida cuando el fiscal José Domingo Pérez retornó al lugar y se detectaron anomalías en los precintos, lo que posteriormente fue confirmado mediante pericias que concluyeron que la oficina había sido deslacrada.
Además de Chávarry, la Fiscalía acusa a otras siete personas por estos hechos, entre ellos el exasesor Juan Manuel Duarte Castro, para quien se solicita una pena de 12 años y 6 meses de prisión, así como otros exfuncionarios y exagentes de seguridad con pedidos de condena de hasta 15 años y 7 meses.
La pena solicitada contra Chávarry es menor debido a la aplicación de la figura de responsabilidad restringida por la edad, al superar los 65 años al momento de los hechos.
En su acusación, el Ministerio Público sostiene que la presunta extracción de documentos habría tenido como finalidad obstaculizar investigaciones relacionadas con Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular, en el marco del caso Lava Jato, al contener información relevante sobre posibles vínculos y aportes irregulares a campañas electorales.
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