JURADO ELECTORAL DE PASCO EXCLUYE A DOS CANDIDATOS A DIPUTADO POR OMITIR SENTENCIAS EN SUS HOJAS DE VIDA

El presidente del Jurado Electoral  Especial de Pasco, Mapeli, informó que el organismo electoral viene realizando un riguroso proceso de fiscalización de las hojas de vida de los candidatos, dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Señaló que, como resultado de este trabajo de verificación, dos candidatos a diputado han sido excluidos hasta la fecha por no declarar sentencias condenatorias en sus declaraciones juradas de hoja de vida.

Uno de los candidatos excluidos es Antonio Huilde Reynaga Valencia, postulante al cargo de diputado por el partido Unidad Nacional, quien no consignó una sentencia por el delito de violencia contra la autoridad o funcionario público. Asimismo, fue excluido Diego Alberto Gómez Nieves, candidato a diputado por la organización política Fuerza y Libertad, por el mismo motivo.

El titular del Jurado Electoral precisó que la exclusión implica que los candidatos quedan fuera de carrera electoral; no obstante, aclaró que aún se encuentran dentro del plazo legal de tres días para interponer un recurso de apelación, el cual podría estar en trámite.

Mapeli indicó además que el proceso de fiscalización continúa en marcha y se extenderá hasta el 11 de febrero, por lo que no se descartan nuevas observaciones o exclusiones en los próximos días.

Detalló que los candidatos están obligados a declarar bajo juramento cualquier sentencia condenatoria en el punto correspondiente de la declaración jurada. Para verificar dicha información, el Jurado Electoral solicita reportes a las 35 Cortes Superiores de Justicia del país, incluyendo Pasco, labor que es realizada de manera diaria por los fiscalizadores de hojas de vida.

Finalmente, aseguró que el Jurado Electoral de Pasco actúa con imparcialidad y estricto respeto a las normas electorales, garantizando la transparencia del proceso electoral en curso.

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SUNASS REALIZÓ 13 FISCALIZACIONES Y MONITOREOS A EMAPA PASCO DURANTE EL 2025

Asimismo, 16 evaluaciones y fiscalizaciones a prestadores rurales y de pequeñas ciudades.

Durante el 2025, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) realizó 13 fiscalizaciones y monitoreos a la empresa Emapa Pasco, para fortalecer la calidad del agua potable y alcantarillado que se brindan a la población usuaria de Cerro de Pasco y Vicco.

La fiscalización estuvo vinculada a la atención de denuncias, la implementación de medidas correctivas y la evaluación de aspectos técnicos, operacionales, comerciales y administrativos del servicio, a fin del cumplimiento del marco regulatorio del sector saneamiento.

Estas acciones permitieron supervisar las condiciones de acceso al servicio, la medición y facturación de su consumo, la continuidad y calidad del servicio, así como los derechos y obligaciones de los usuarios y la empresa prestadora, e incluyeron la aplicación de las medidas correspondientes ante eventuales incumplimientos.

En tanto, la Sunass también realizó 16 acciones de evaluación y fiscalización a prestadores rurales y de pequeñas ciudades, así como 18 verificaciones de la implementación de recomendaciones formuladas a las municipalidades, para el fortalecimiento de la gestión y mejora progresiva de los servicios de saneamiento en sus ámbitos de intervención.

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COMUNIDADES DENUNCIAN APROPIACIÓN DE TERRENOS Y ANUNCIAN RADICALIZACIÓN DE PROTESTAS CONTRA CONSORCIO VIAL

Ángel Lligua Callupe, presidente de la comunidad campesina San Miguel, denunció una presunta apropiación de terrenos comunales sin pago ni autorización por parte del Consorcio San Rafael, encargado de la ejecución de obras de mejoramiento de la Carretera Central.

El dirigente comunal señaló que la empresa viene realizando trabajos en terrenos comunales sin haber cumplido previamente con el diálogo, la autorización ni el pago por las afectaciones, situación que ha generado el rechazo de las comunidades involucradas. Indicó que, pese a reuniones sostenidas recientemente con representantes de Provias y de la empresa china que integra el consorcio, no se alcanzó ningún acuerdo concreto.

Según explicó, la empresa habría señalado que la solución a las afectaciones se daría recién entre los meses de junio o julio, a través del mecanismo del PACRE, cuando la obra ya estaría prácticamente concluida, lo cual fue calificado como inaceptable por las comunidades.

“Primero toman los terrenos y después quieren hacer la documentación, eso no procede en ningún lugar”, afirmó Lligua Callupe, quien precisó que al menos 15 comunidades campesinas se encuentran afectadas por la ejecución de la obra.

Asimismo, denunció que el consorcio no prioriza la contratación de mano de obra local, ya que tanto el personal técnico como la maquinaria provendrían de fuera de la región Pasco, limitando la participación de comuneros únicamente a labores de vigilancia.

Ante la falta de soluciones, el presidente comunal anunció que las comunidades radicalizarán sus medidas de protesta hasta que se cumpla con el pago total de las afectaciones a todos los terrenos comunales. De no darse una solución inmediata, exigieron el retiro de la maquinaria de la zona.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades regionales, congresistas y representantes del Gobierno Central para que se trasladen al lugar y conozcan directamente la situación que atraviesan las comunidades afectadas.

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COMUNIDAD CAMPESINA PARIAMARCA–QUICHAS PROTESTA POR INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN OBRA DE LA CARRETERA CENTRAL

Jhony Pío Quintana, presidente de la Comunidad Campesina Pariamarca–Quichas, informó sobre los motivos de la protesta realizada por los comuneros, la cual responde al incumplimiento de compromisos asumidos respecto a los terrenos afectados por la ejecución de la obra de mejoramiento de la Carretera Central.

El dirigente comunal señaló que el Consorcio San Rafael, empresa encargada de la ejecución del proyecto vial, no habría cumplido con los acuerdos establecidos con la comunidad, generando malestar y desconfianza entre los pobladores.

Asimismo, Quintana manifestó que existe desconfianza hacia el Gobierno Central, debido a que una empresa de origen chino forma parte del consorcio responsable de la obra, lo que —según indicó— incrementa la preocupación de la comunidad respecto al respeto de los compromisos y derechos comunales.

Finalmente, el presidente comunal exigió el cumplimiento inmediato de los acuerdos y pidió la intervención de las autoridades competentes para garantizar el diálogo y una solución justa al conflicto, en defensa de los intereses de la comunidad campesina Pariamarca–Quichas.

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PODER JUDICIAL RECHAZA PEDIDO DE LA MUNICIPALIDAD Y RATIFICA DESALOJO DEL COLISEO

El Primer Juzgado Civil de Pasco, a cargo del juez Tony Jim Mendoza Valle, declaró no ha lugar al pedido de ampliación de plazo por 180 días solicitado por la Municipalidad Provincial de Pasco para desocupar el inmueble materia del proceso de desalojo, seguido por la Liga Provincial Mixta de Basket Ball de Pasco.

Mediante la Resolución N.° 61, emitida el 19 de enero de 2026, el juzgado resolvió continuar con la etapa de ejecución de sentencia, al considerar que la municipalidad no presentó pruebas suficientes que sustenten su solicitud, limitándose a adjuntar informes internos sin evidencia objetiva.

El proceso judicial corresponde al Expediente N.° 00151-2013-0-2901-JR-CI-01, en el cual la Liga Provincial Mixta de Basket Ball de Pasco, representada por James Paul Silvera Llana, demandó a la Municipalidad Provincial de Pasco por la restitución del bien inmueble ubicado en la Manzana Ñ, Lote 2, sector Centro Chaupimarca.

La municipalidad argumentó que el Coliseo Municipal viene siendo utilizado como almacén y apoyo para instituciones educativas y programas municipales, además de señalar que no cuenta con otro espacio para resguardar bienes públicos. Sin embargo, el juzgado precisó que desde la presentación del pedido, en setiembre de 2025, han transcurrido más de 100 días, tiempo considerado suficiente para tomar las previsiones necesarias.

Asimismo, la parte demandante señaló que el plazo otorgado ya había vencido y que el inmueble no estaría siendo destinado a fines educativos, sino que la municipalidad lo habría alquilado para actividades privadas, pese a haber perdido la posesión legal.

En su resolución, el juzgado también ordenó regularizar la notificación en el propio inmueble, a fin de evitar futuras nulidades procesales, reiterando la importancia del respeto al derecho de defensa y a la tutela jurisdiccional efectiva.

Con esta decisión, el Poder Judicial reafirma la obligatoriedad de cumplir las resoluciones judiciales y garantiza la ejecución efectiva de las sentencias firmes.

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ALCALDE DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA EXPRESA MALESTAR POR NEGATIVA A CONSTRUIR MINIPARQUE

El alcalde del centro poblado de Lucma, en el distrito de Huachón, Willy Cárdenas Enríquez, expresó su molestia y preocupación ante la negativa del alcalde de la provincia de Pasco para ejecutar la construcción de un miniparque en su jurisdicción.

Según indicó la autoridad local, la respuesta recibida por parte de la municipalidad provincial fue que no se cuenta con presupuesto para la ejecución de la obra. Sin embargo, Cárdenas Enríquez señaló que existe un compromiso asumido desde el año 2023 por el alcalde provincial Julio Rupay, a quien —según afirmó— respaldaron al inicio de su gestión.

El alcalde del centro poblado manifestó su descontento debido a que, hasta la fecha, dicho compromiso no ha sido cumplido, pese a la necesidad de espacios recreativos para la población de Lucma.

Anunció posible medida de protesta por parte de la población contra el alcalde provincial.

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DIRTEPOL PASCO REPORTA NUEVE POLICÍAS HERIDOS DURANTE CONFLICTO CON COMUNEROS

El general PNP Carlos Torres Aragón, jefe de la Dirección Territorial Policial (DIRTEPOL) Pasco, informó sobre la situación registrada entre la empresa minera Nexa y la comunidad campesina de Joraoniyoc, donde un grupo de comuneros tomó las instalaciones de la citada empresa.

La autoridad policial señaló que, durante las acciones de intervención, nueve efectivos de la Policía Nacional del Perú resultaron heridos, uno de ellos de considerable gravedad, siendo trasladados a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

Según precisó el general Torres Aragón, los comuneros habrían atacado a los efectivos policiales utilizando ondas, lo que originó las lesiones.

Finalmente, afirmó que la tranquilidad nuevamente permanece en la zona pidió dialogo para ambos

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POLICÍA INVESTIGA A DETENIDO POR PRESUNTA SUSTRACCIÓN DE LAPTOP EN HOSPITAL REGIONAL

La policía investiga a un hombre de 54 años de edad, quien fue detenido por su presunta participación en la sustracción de una laptop de una de las oficinas administrativas del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión.

Según información policial, el hecho ocurrió días atrás y, tras las diligencias correspondientes, el sujeto fue intervenido luego de una semana, cuando regresó al nosocomio simulando ser nuevamente un paciente, lo que permitió a los efectivos policiales proceder con su identificación y detención.

El detenido fue puesto a disposición de la unidad especializada para continuar con las investigaciones, a fin de determinar su responsabilidad en el delito y esclarecer si estaría vinculado a otros hechos similares.

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GENERAL PNP CARLOS TORRES ARAGÓN, JEFE DE LA DIRTEPOL PASCO, INFORMA SOBRE LABORES DE BÚSQUEDA

El general PNP Carlos Torres Aragón, jefe de la Dirección Territorial Policial (DIRTEPOL) Pasco, informó que la policía continúa desplegando intensas labores de búsqueda para ubicar al ciudadano que cayó al río Huachón.

La autoridad policial señaló que, desde ocurrido el incidente, unidades especializadas de la Policía Nacional vienen participando activamente en las operaciones, empleando personal capacitado y equipos adecuados para este tipo de emergencias.

Asimismo, indicó que los trabajos se desarrollan de manera coordinada y constante, priorizando la seguridad del personal interviniente y con el objetivo de lograr resultados positivos en el menor tiempo posible.

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¿BLINDAJE POLÍTICO EN MARCHA? LA NO VACANCIA DE JOSÉ JERÍ Y EL FORTALECIMIENTO DEL “PACTO MAFIOSO” EN EL CONGRESO

Los hechos que hoy rodean al presidente José Jerí no han pasado desapercibidos para la opinión pública. Denuncias, cuestionamientos y serios indicios de irregularidades han colocado su gestión bajo la lupa. Sin embargo, pese a este escenario, el Congreso ha optado por no impulsar una vacancia, una decisión que vuelve a encender las alertas sobre la existencia de un blindaje político entre bancadas.

La falta de acciones concretas frente a un caso que ameritaba, como mínimo, una investigación política rigurosa, refuerza la percepción ciudadana de un “pacto mafioso”, entendido no como una figura legal, sino como un acuerdo tácito de protección mutua entre grupos parlamentarios que priorizan la supervivencia política antes que la rendición de cuentas.

No se trata únicamente de José Jerí. El patrón se repite: funcionarios cuestionados que permanecen en el cargo gracias a una correlación de fuerzas que bloquea cualquier intento de sanción. La aritmética parlamentaria se impone sobre la ética pública. Mientras tanto, los discursos sobre lucha contra la corrupción quedan reducidos a declaraciones vacías.

La negativa a debatir una eventual vacancia no responde necesariamente a la inexistencia de hechos graves, sino al cálculo político de las bancadas que sostienen el poder. Vacar implicaría romper alianzas, perder espacios de influencia y abrir la puerta a precedentes que podrían volverse incómodos para muchos.

Este escenario debilita aún más la ya frágil institucionalidad del país. Cuando el Congreso actúa como escudo de sus propias autoridades, el mensaje hacia la ciudadanía es claro: la impunidad pesa más que la transparencia. La consecuencia inmediata es una mayor desconfianza en el sistema democrático y una creciente distancia entre representantes y representados.

Mientras no exista voluntad política para fiscalizar sin miramientos, el llamado “pacto mafioso” dejará de ser solo una consigna ciudadana para convertirse en una práctica normalizada dentro del Parlamento. Y en ese contexto, la permanencia de José Jerí no es una excepción, sino un síntoma más de un Congreso que ha renunciado a su rol de control.

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