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La denuncia fue presentada tras una intervención realizada por los servidores públicos a varias unidades de transporte, con el objetivo de impedir que circulen sin autorización. Sin embargo, los transportistas argumentan que no corresponde sancionarlos mientras el Plan de Rutas se encuentra judicializado y aún en proceso de resolución legal.
El dirigente cuestionó el accionar de los inspectores y pidió a las autoridades competentes una investigación imparcial para determinar si hubo exceso en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, exhortó a que se respete el debido proceso mientras no exista una decisión firme sobre la legalidad del mencionado plan.
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