· En lo que va del año, 108 mujeres han sido asesinadas y 222 heridas gravemente.
La iniciativa de crear 24 nuevos juzgados de familia e incorporar al feminicidio en el ámbito de gestión de las fiscalías provinciales penales, son considerados un avance para encarar el problema de violencia contra la mujer en nuestro país. A pesar de ello, la Defensoría del Pueblo considera que es necesario implementar una reforma del sistema de justicia con perspectiva de género, que enfrente la desigualdad, la discriminación y evite la impunidad.
Para esta institución no es menos preocupante que las mujeres agredidas no reciban un tratamiento adecuado de salud mental y que los servicios de salud pública no cubran esta necesidad básica. Por otro lado, los servicios médicos fundamentales como el seguimiento del embarazo y el parto no son plenamente gratuitos, lo que genera un alto riesgo de muerte materna.
Por su parte, la Defensora Adjunta para los Derechos de la Mujer, Rosa Mavila, mencionó que “la ciudadanía ha sido particularmente crítica frente a fallos cuestionables que no comprenden la naturaleza del estos delitos, cuando se ordenan mandatos de comparecencia y dejan en libertad a agresores cuya conducta está plenamente probada”.
La ONU Mujeres establece que el factor que diferencia el delito de feminicidio del asesinato, es que a través de la muerte violenta de las mujeres no se busca solo matarlas, sino que se pretende refundar y perpetuar los patrones que culturalmente han sido asignados a lo que significa ser mujer: subordinación, debilidad, feminidad.
Un informe de 2014 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que el Perú ocupa el tercer lugar en cantidad de feminicidios de Sudamérica, después de Argentina y Ecuador, situación que no muestra síntomas de mejora. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables indica que entre enero y octubre de este año, 108 mujeres han sido asesinadas y 222 fueron víctimas de tentativa de homicidio. Asimismo, siete de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia física, sexual o psicológica por parte de sus parejas o ex parejas y el 90 % de denuncias de violencia familiar corresponden a mujeres. A su vez, en el año 2015, la Policía Nacional del Perú recibió 5702 denuncias de violación sexual, de las cuales el 93 % son mujeres y el 71 % son menores de edad (4088 casos).
La Defensoría del Pueblo reitera que la educación en todos sus niveles, partiendo de las familias, es donde se debe construir una ciudadanía genuinamente democrática y sin discriminación.
