Actualmente, tras denuncia periodística, se vienen revisando solo los títulos de los profesores contratados.
Tras una denuncia periodística sobre la existencia de profesoras/es contratadas/os en escuelas públicas con títulos profesionales y documentación presuntamente falsos, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de que el Ministerio de Educación (Minedu) evalúe extender la verificación de los títulos a los más de 34 000 docentes nombrados como resultado de los concursos públicos, con el fin de evitar que situaciones irregulares se repitan y afecten la calidad educativa.
Para la Defensoría del Pueblo resulta importante, también, que el Minedu evalúe nuevas medidas dentro de la regulación del proceso de contratación docente. “Medidas que deben estar orientadas al efectivo control de la veracidad de los títulos y demás documentación presentada por los postulantes a una plaza vacante”, precisó la adjunta para la Administración Estatal, Eugenia Fernán Zegarra.
“Cabe señalar que el Minedu informó a la Defensoría del Pueblo que, el 10 de julio, se suscribió un acuerdo a través del cual los gobiernos regionales asumen el compromiso de ejercer el control posterior a los docentes contratados y finalizando esta etapa continuar con los docentes nombrados de manera sostenible, disposición que debe ser monitoreada por las direcciones competentes del ministerio, en coordinación con las unidades de gestión educativa local (UGEL) y las direcciones regionales de educación (DRE)”, precisó Fernán-Zegarra.
En ese sentido, la representante de la institución explicó que las UGEL deben aprobar un cronograma para implementar la fiscalización posterior; remitir a la mesa de partes del Minedu los títulos pedagógicos; verificar la autenticidad de los títulos de licenciados en educación en la plataforma de la Sunedu; y en caso de no encontrarlos, consultar directamente a la universidad que expidió el citado título.
“Debemos recordar que el profesor es el principal agente del proceso educativo y que, este, tiene por finalidad el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que se forman en la educación básica. De ahí la relevancia de contar con el personal docente idóneo para cumplir con esa fundamental labor”, puntualizó la adjunta.
La Defensoría del Pueblo continuará haciendo seguimiento del proceso de fiscalización posterior llevado a cabo por las UGEL y las DRE, así como de la dirección que lleve a cabo el portafolio de Educación en su rol de ente rector de la política educativa nacional.
