La posibilidad de que un alcalde en funciones postule a otro cargo público ha generado nuevamente debate en la opinión pública. La práctica plantea serios cuestionamientos sobre la ética, la responsabilidad de gestión y el uso adecuado de los recursos del Estado.
¿Qué dice la ley?
Una autoridad electa, como un alcalde, puede postular a otro cargo durante su mandato, pero debe cumplir ciertas condiciones básicas:
• No puede utilizar recursos públicos (vehículos, personal, fondos) en su campaña.
• Debe respetar los plazos y reglas del proceso electoral establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
• En algunos casos, se recomienda que solicite licencia sin goce de haber, especialmente si realiza actividades proselitistas activas.
• No realizar acto proselitista durante su jornada laboral.
¿Y desde lo ético?
Desde la perspectiva ciudadana, la percepción cambia:
• Descuido de funciones actuales. Se cuestiona que un alcalde desvíe su atención de la gestión municipal para concentrarse en su candidatura.
• Promesas inconclusas. Postular a otro cargo antes de cumplir su periodo completo podría generar desconfianza en el electorado, al considerar que usó el cargo como “trampolín político”.
• Conflicto de intereses. Existe el riesgo de aprovechar obras públicas, actividades oficiales o recursos institucionales para posicionarse políticamente, afectando la equidad del proceso electoral.
En resumen:
• ¿Es legal? Sí, con restricciones.
• ¿Es ético? Depende de cómo actúe el funcionario. Si antepone la campaña a sus obligaciones como autoridad, podría perder legitimidad.
• ¿Es recomendable? No siempre. La ciudadanía valora a quienes cumplen con su mandato antes de aspirar a nuevos cargos.
Este tema sigue generando opiniones divididas. Mientras algunos defienden el derecho a participar en nuevas elecciones, otros exigen mayor compromiso y responsabilidad con la función pública que se asumió.
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