El Congreso de la República continúa en el centro del debate político tras la reciente decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que, por mayoría (12 votos a favor), resolvió archivar la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte y seis exministros de Estado. La acusación los responsabilizaba por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves en el contexto de las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
En una breve intervención, Jerí —legislador de Somos Perú— sostuvo que no se identificaron órdenes directas ni actuaciones dolosas, ni tampoco un vínculo causal entre las decisiones tomadas por las autoridades y los hechos violentos registrados. Por ello, propuso el archivo de la denuncia, aunque aclaró que el Ministerio Público aún puede continuar las investigaciones dentro de sus competencias para establecer responsabilidades individuales conforme a ley.
La denuncia fue formulada en noviembre de 2024 por el entonces fiscal de la Nación (i), Juan Villena Campana. En ella se acusaba a Boluarte y a los exministros Alberto Otárola, Pedro Angulo, Jorge Chávez Cresta, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero por los hechos ocurridos en nueve regiones del país: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.
Según el Ministerio Público, durante ese periodo murieron 41 personas por impacto de proyectiles de armas de fuego y 3 por golpes con objetos contundentes. Además, se reportaron 78 ciudadanos heridos por disparos, 27 por golpes, 6 por bombas lacrimógenas y 5 por otros objetos.
El documento fiscal constaba de 1,888 páginas y sostenía que existía "ingente información" que evidenciaba que la presidenta y sus ministros estaban informados constantemente sobre los decesos y heridos provocados por el uso de fuerza letal y no letal por parte de las fuerzas del orden.
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