DINA BOLUARTE NUEVAMENTE BLINDADA POR EL CONGRESO CON APOYO DE PARTIDOS POLÍTICOS

La presidenta Dina Boluarte vuelve a ser protegida desde el Congreso. Esta vez, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) archivó, con 12 votos a favor, la denuncia constitucional presentada en su contra y contra seis de sus exministros por presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, en las que murieron más de 40 ciudadanos.

El informe final, elaborado por el congresista José Jerí (Somos Perú), concluyó que no existen pruebas suficientes para sostener que hubo responsabilidad directa de la mandataria ni de sus ministros en los hechos. Según Jerí, no se identificaron órdenes ni actuaciones dolosas que vinculen las decisiones de los altos funcionarios con las muertes y heridos durante las manifestaciones.

Sin embargo, diversos sectores consideran esta decisión como una muestra más del blindaje político que varios partidos en el Congreso vienen ofreciendo a Boluarte, evitando que sea investigada por graves violaciones a los derechos humanos. El archivo de la denuncia fue respaldado por legisladores de agrupaciones como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú, quienes han sido acusados de formar parte de un pacto de impunidad.

La denuncia archivada fue presentada en noviembre de 2024 por el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Villena, quien atribuyó responsabilidad directa a Boluarte y a los exministros Alberto Otárola, Pedro Angulo, Jorge Chávez Cresta, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.

Durante las protestas se registraron 44 muertes —41 por impacto de proyectiles de armas de fuego y 3 por golpes—, así como decenas de heridos. A pesar de la gravedad de los hechos, el Congreso optó por no dar luz verde al proceso constitucional, generando duras críticas desde organismos de derechos humanos y parte de la opinión pública.

Aunque el caso fue archivado por la SAC, la Fiscalía aún puede continuar con las investigaciones penales en la vía ordinaria, lo que deja abierta la posibilidad de que en el futuro se determinen responsabilidades individuales.