La jefa de Investigación de Panorama, Karla Ramírez, denunció públicamente que la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) estaría planificando un atentado en su contra, que sería encubierto como un asalto armado. La denuncia se produce en el marco de sus investigaciones sobre presuntas irregularidades en la mina El Dorado.
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Este caso ha generado preocupación sobre la libertad de prensa en el país, dado que las investigaciones periodísticas han involucrado a figuras cercanas al gobierno, incluyendo al ministro de Justicia Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.
CASO MINA EL DORADO: TRASFONDO DE LA DENUNCIA
Las pesquisas iniciaron en 2024, cuando Panorama destapó supuestas maniobras irregulares para favorecer a la minera El Dorado. Según la investigación, el empresario Franco Parodi habría pagado 160 mil dólares para movilizar contingentes policiales que respaldaran su posición en un litigio. Documentos, audios y videos mostraron el posible uso de altos mandos policiales como “chalecos” en beneficio privado.
Los allanamientos realizados el 27 de agosto involucraron la oficina del ministro de Justicia y la residencia de Nicanor Boluarte, ampliando el alcance político del caso.
RESPUESTA OFICIAL Y RESPALDO A LA PERIODISTA
El Ministerio del Interior negó cualquier plan de atentado y afirmó que “no se realizan ni se toleran actos al margen de la ley”, asegurando su compromiso con la seguridad ciudadana.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) calificó la denuncia como de “extrema gravedad” y exigió una investigación urgente, además de garantías para la seguridad de Ramírez. Desde Panorama, la conductora Carla Muschi responsabilizó a “malos oficiales” que, según dijo, utilizan las unidades de inteligencia para hostigar a periodistas.
LIBERTAD DE PRENSA EN RIESGO
El caso de Karla Ramírez pone en evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas de investigación en Perú, quienes en ocasiones son objeto de seguimientos y amenazas tras revelar casos de corrupción. La protección a estos profesionales y el respeto a la libertad de prensa se convierten en temas urgentes para el Estado.
Ramírez aseguró que continuará con su trabajo pese a las amenazas y solicitó garantías para ella y su familia. Panorama también reafirmó su compromiso: “No nos van a callar”.
IMPLICACIONES POLÍTICAS Y JUDICIALES
La denuncia afecta directamente al Ejecutivo y podría intensificar las tensiones entre el gobierno, el Congreso y la Fiscalía. La atención de organismos internacionales y de derechos humanos será clave en los próximos días.
La investigación sobre la mina El Dorado y la denuncia de Ramírez configuran un escenario complejo que podría marcar un antes y un después en la defensa de la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción en el Perú.
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