
Por lo expuesto, hacemos un llamado a las autoridades municipales a que el otorgamiento de los servicios públicos -como los descritos- se efectúe de acuerdo a las normas vigentes garantizando la vida, la salud y la integridad de las personas que acuden a estos centros de esparcimiento.
La Contraloría General recuerda que los funcionarios ediles que incumplan dicha responsabilidad están sujetos al control gubernamental y, de corresponder, a la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales.