DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE AL MIDIS GARANTIZAR CONTINUIDAD DE UNIDADES LOCALES DE EMPADRONAMIENTO ANTE CAMBIO DE AUTORIDADES

En supervisiones desarrolladas en 2021 y 2022 se advirtieron serias deficiencias presupuestales, por lo que urge asegurar su funcionamiento.

Ante la proximidad del cambio de autoridades municipales, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) adoptar medidas oportunas que permitan asegurar la continuidad de la labor que desarrollan las unidades locales de empadronamiento (ULE), encargadas de registrar a las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema de cada localidad para que puedan acceder a los diversos programas sociales que ofrece el Estado.

El pedido fue hecho a través de un documento dirigido al sector, en el que se comunicaron los resultados de la supervisión dirigida este año a 106 municipalidades distritales y provinciales de todo el país, en las que se encontró que el 39 % no contaba con un presupuesto específico para el funcionamiento de las ULE y el 51 % de las comunas no contaban con personal suficiente a cargo del proceso de empadronamiento. Asimismo, que nueve de los municipios supervisados no entregaban equipos de protección, como mascarillas y otros bienes, al personal que desarrollaba dicha labor.

De otro lado, se informó que esta situación no dista mucho de la que se encontró en una supervisión similar desarrollada en 2021 a 107 municipalidades distritales y provinciales. De acuerdo a los resultados, cerca de la mitad de ellas no contaban con presupuestos para el funcionamiento de la ULE. Asimismo, el 34 % no tenían personal suficiente para llevar a cabo visitas a los hogares empadronados y el 31 % carecía de equipos de protección personal para el desarrollo de las funciones.

Como parte del documento, también se hizo mención a los resultados del informe sobre entrega de bonos en 2020 a hogares en el contexto de la pandemia del COVID-19, en el que se evidenciaron deficiencias en el levantamiento de información referida a los hogares que debían ser asistidos con prioridad.

Tras estas advertencias, la Defensoría del Pueblo comunicó al Midis que los cambios de autoridades y procesos de transferencia que tendrán lugar con motivo de la elección de nuevas autoridades municipales podrían generar retrasos y afectar gravemente la atención de las necesidades de la población, ante lo cual se requirió a dicha institución aprobar lineamientos que aseguren la continuidad de las labores de las ULE, así como el presupuesto necesario dirigido a garantizar su funcionamiento.

Como parte de las recomendaciones, también se solicitó al Midis difundir el rol de las ULE, a fin de lograr que la población que no ha recibido o no recibe subvenciones económicas del Estado, pueda solicitar el registro o actualización de su información socioeconómica. Asimismo, se planteó la necesidad de llevar a cabo un programa de capacitación a las autoridades entrantes y salientes, sobre la importancia de las ULE y la necesidad de llevar a cabo un adecuado proceso de transferencia.