Apología: un delito tipificado en el Código Penal
En el Perú, exaltar públicamente a una persona condenada por delitos graves puede constituir delito. Así lo establece el Artículo 316 del Código Penal, que señala:
La norma es clara: no se puede justificar ni glorificar públicamente a personas con sentencia firme, sobre todo si se trata de delitos que atentan contra la democracia, la paz social o la vida. En casos más graves —como terrorismo, corrupción o lavado de activos— la sanción puede ser más severa.
No todo elogio es apología, pero si el mensaje justifica o enaltece los delitos cometidos, sí se configura como tal.
¿POR QUÉ DELITOS FUE CONDENADO VLADIMIRO MONTESINOS?
El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, mano derecha del expresidente Alberto Fujimori, está cumpliendo condenas acumuladas de más de 25 años en la Base Naval del Callao por los siguientes delitos:
1. Corrupción de funcionarios
Por liderar una red de corrupción durante el régimen fujimorista, mediante sobornos a políticos, medios de comunicación y empresarios para controlar el aparato estatal.
2. Asociación ilícita para delinquir
Montesinos estructuró y operó una organización criminal desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
3. Tráfico de armas
Fue condenado por la compra ilegal de armas destinadas a las FARC en Colombia, utilizando recursos y logística del Estado peruano.
4. Homicidios calificados y desapariciones forzadas
Vinculado directamente con crímenes de lesa humanidad, como el caso Barrios Altos, donde el grupo paramilitar Colina asesinó a 15 personas inocentes.
5. Lavado de activos
Montesinos ocultó bienes y fondos ilícitos obtenidos de las operaciones delictivas durante su gestión en el gobierno.
CONCLUSIÓN: ¿ES DELITO HACER APOLOGÍA A SU FAVOR?
Sí. Enaltecer públicamente a Vladimiro Montesinos podría constituir delito de apología, especialmente si se justifican sus acciones o se glorifican los delitos por los que ha sido condenado.
Su historial criminal incluye corrupción sistemática, violaciones a los derechos humanos, lavado de dinero y tráfico ilegal de armas, todos delitos graves que afectan el orden democrático y los principios fundamentales del Estado de derecho.