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La lideresa de Fuerza Popular era acusada de haber recibido aportaciones irregulares para sus campañas electorales de 2011 y 2016, que presuntamente habrían sido blanqueadas mediante la organización de eventos partidarios. Sin embargo, el máximo intérprete de la Constitución concluyó que la investigación y la acusación fiscal carecen de sustento jurídico.
EL HABEAS CORPUS DE LA DEFENSA
En febrero de 2024, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, interpuso un hábeas corpus ante el TC con el fin de anular las investigaciones fiscales. Argumentó que, antes de noviembre de 2016, no existía en el Perú el tipo penal de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial, por lo que no podía imputarse ese delito por hechos anteriores a esa fecha.
Además, Loza sostuvo que tras la prisión preventiva dictada en octubre de 2018, se incorporaron nuevos elementos al expediente sin respetar el derecho a la defensa de su patrocinada.
LOS ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El TC basó su decisión en dos aspectos principales. En primer lugar, señaló que la figura de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial fue incorporada al ordenamiento jurídico recién el 26 de noviembre de 2016, mediante la modificación de la Ley N.º 27765.
“En tales circunstancias, interpretar que hubo un delito como el imputado presupondría realizar una aplicación retroactiva y desfavorable de la ley penal, así como una evidente afectación al principio de legalidad penal”, precisa la resolución del Tribunal.
Con esta decisión, el caso Cócteles —uno de los procesos judiciales más emblemáticos contra Keiko Fujimori— queda archivado, marcando un nuevo giro en la situación legal de la lideresa fujimorista.
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