En supervisión a la intervención policial en la UNMSM y a la Dirincri, la Dircote y la División de Asuntos Sociales se identificaron afectaciones a derechos fundamentales de las personas detenidas.
La Defensoría del Pueblo saluda que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) promueva la elaboración de un protocolo y/o lineamientos específicos para la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, en contextos de detención policial, con enfoques de derechos humanos, género, niñez y adolescencia, interculturalidad, discapacidad, entre otros, desde una perspectiva interseccional, acorde con las recomendaciones defensoriales planteadas.
En efecto, se identificaron estudiantes, mujeres, dos gestantes, una niña, personas adultas mayores, personas con discapacidad y con prescripción médica; así como integrantes de comunidades campesinas e indígenas, que tienen al quechua y aimara como lenguas maternas, quienes no habrían recibido información alguna sobre las razones de su detención.
Asimismo, en las entrevistas realizadas, muchas de las personas detenidas señalaron que incluso, algunas de ellas, miccionaron en el lugar de la retención inicial. En el caso de algunas mujeres, al no acceder a insumos de higiene menstrual en los locales policiales de detención, mancharon sus prendas, sufrieron de cólicos y dolores de cabeza, afectando su salud integral. Además, inicialmente, se advirtió la ausencia de garantías al derecho a la defensa, como la carencia de intérpretes de las diversas lenguas, y se les mantuvo incomunicadas con sus familiares y amistades.
En ese sentido, y de manera particular, la Defensoría del Pueblo señaló que es necesario que se garantice a las mujeres detenidas una atención diferenciada y con enfoque de género, como el acceso a los servicios higiénicos, insumos y medicamentos de salud menstrual, entre otros, que permitan una atención digna y coherente con el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, sin ningún tipo de discriminación. Esta es una obligación del Estado peruano acorde al marco jurídico nacional e internacional.
Sumado a ello, urge establecer e incorporar medidas específicas que garanticen el trato digno y respetuoso de los derechos fundamentales de las personas detenidas. Por ejemplo, las revisiones en estos contextos, no deben afectar la integridad e incolumidad corporal (desnudos, tocamientos, etc.), que impacta de manera particular a las mujeres, adolescentes, niñas y personas en situación de vulnerabilidad.
