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Su estrategia consiste en infiltrar o cooptar el sistema desde dentro, asegurando puestos de poder en el Ejecutivo, el Congreso y, especialmente, en el sistema de justicia. Una de sus principales metas es imponer un fiscal a su medida: alguien que archive sus investigaciones, debilite procesos clave y garantice su protección frente a delitos graves como corrupción, lavado de activos o crimen organizado.
La situación pone en riesgo el Estado de derecho y la institucionalidad democrática, ya que estas organizaciones utilizan mecanismos legales para fines ilícitos, burlando los controles y debilitando la lucha contra la impunidad.
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