La Junta Nacional de Justicia (JNJ) enfrenta una de las peores crisis de su historia institucional, luego de revelarse la desaparición de más de 1.200 expedientes digitales, varios de ellos vinculados a casos de alto perfil como los de Keiko Fujimori, Patricia Benavides y jueces presuntamente implicados en la red de corrupción de los Cuellos Blancos del Puerto.
El hecho salió a la luz el pasado 2 de agosto, cuando un trabajador de la Dirección de Procesos Disciplinarios advirtió la ausencia masiva de documentación en el Sistema de Gestión Documental. Lo que inicialmente se interpretó como una falla técnica fue descartado tras comprobarse que el sistema fue manipulado intencionalmente, de forma precisa y sin dejar rastros evidentes.
EXPEDIENTES ELIMINADOS: ¿LIMPIEZA DIGITAL O ENCUBRIMIENTO?
Entre los documentos borrados figuran:
• Denuncias contra Carmen Velarde, jefa del Reniec, por el caso de firmas falsas.
• Investigaciones internas contra Patricia Benavides, recientemente reincorporada como fiscal de la Nación.
• Documentos del fiscal José Domingo Pérez, clave en los casos Odebrecht y Fujimori.
• Procedimientos disciplinarios contra jueces implicados en los Cuellos Blancos del Puerto.
• Investigaciones relacionadas con Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación en funciones.
Aunque algunos de estos procesos estaban archivados o prescritos, los expedientes aún conservaban valor probatorio en otras instancias judiciales, por lo que su eliminación selectiva ha encendido las alarmas sobre un posible intento de protección a figuras con poder político y judicial.
CRISIS INTERNA Y CUESTIONAMIENTOS A LA PRESIDENCIA DE LA JNJ
Este escándalo se suma a una cadena de decisiones controvertidas en la JNJ, cuya presidencia actualmente recae en Gino Ríos Patio, cuestionado por tener una sentencia por violencia familiar y por su presunta cercanía a sectores políticos que buscan debilitar el sistema de justicia.
La reciente reincorporación de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación, pese a estar investigada por liderar una organización criminal, ha sido vista como una muestra del debilitamiento del rol fiscalizador de la JNJ. Además, se ha abierto un proceso preliminar contra la fiscal Delia Espinoza por supuestamente retrasar la ejecución de dicha medida.
En este contexto, la desaparición de los expedientes golpea fuertemente la legitimidad, la transparencia y la independencia de la JNJ, mientras el país atraviesa un clima político complejo, marcado por denuncias de blindajes desde el Ejecutivo, como la reciente suspensión de investigaciones a la presidenta Dina Boluarte tras un fallo del Tribunal Constitucional.
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