El Tribunal Constitucional del Perú ordenó la excarcelación del exministro Daniel Urresti al declarar nula la condena de 12 años de prisión que se le impuso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido durante el conflicto armado interno.
La decisión se basa en la aplicación de la Ley 32107, impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi, que regula la prescripción en casos considerados de lesa humanidad. El TC determinó que el proceso prescribió en 2018, dejando sin efecto la sentencia.
El fallo ha desatado fuertes cuestionamientos. Organizaciones de derechos humanos advierten que la aplicación de esta norma abre la puerta a la impunidad en graves violaciones cometidas durante la violencia política, al permitir que procesos por crímenes de alto impacto queden sin sanción por el transcurso del tiempo.
Críticos señalan que la ley modifica de facto el tratamiento de delitos que, bajo estándares internacionales, son imprescriptibles, lo que podría generar tensiones con compromisos asumidos por el Estado peruano ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Mientras tanto, sectores que respaldan la decisión sostienen que se trata de una reafirmación del principio de legalidad y del respeto a los plazos procesales. La excarcelación de Urresti marca un nuevo capítulo en el debate sobre memoria, justicia y lucha contra la impunidad en el país.
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