Cifras de municipios provinciales y distritales difieren ampliamente de registros en otras instituciones, lo que impide brindar asistencia adecuada.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco instó a los gobiernos locales de esta región a implementar y mantener actualizadas las bases de datos de las personas con discapacidad que viven en cada de una de sus jurisdicciones, a fin de poder garantizar la protección de sus derechos como a la salud y educación; así como de asistencia a través de los diversos programas que provee el Estado.
Tras una supervisión a las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de los tres gobiernos provinciales y 26 municipalidades distritales de la región, se pudo evidenciar que las cifras oficiales sobre personas con discapacidad que poseen estas entidades difieren ampliamente con las que registran otras instituciones, lo que imposibilita la aplicación de políticas efectivas a favor de este sector de la población.
Como ejemplo de ello, un total de 23 municipios informaron que tienen registradas a 3916 personas con discapacidad. Sin embargo, de acuerdo a los registros de la sede del Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad (Conadis) en Pasco, la cifra sería superior a 5500 personas, frente a una cifra de 14 598 personas que tiene como dato el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La situación es más crítica en el caso de los distritos de Chontabamba, Huancabamba, Pozuzo, Chacayán, Tápuc y Yanahuanca, donde sus Omaped ni siquiera cuentan con esta información.
Según explicó la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco, Raquel Álvarez, si se contara con esta información actualizada, se podría facilitar la atención y asistencia a las personas con discapacidad y ponerla a disposición de las entidades que la soliciten para brindar apoyo en casos de emergencia como el que vivimos actualmente.
La representante de la Defensoría del Pueblo reveló también que, en el ámbito educativo, las Omaped tienen identificadas a 428 personas con discapacidad en edad escolar, mientras que el Observatorio Nacional de la Discapacidad registra a 897 niñas, niños y adolescentes matriculados bajo diversas modalidades. Al respecto, precisó que la falta de actualización en estos registros impide garantizar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en el sistema educativo, pues tampoco existe una adecuada articulación con las Unidades de Gestión Educativa Local dirigida a brindar el apoyo y ajustes necesarios, especialmente en las clases no presenciales con motivo de la emergencia sanitaria.
“Si se tuviese la información completa, se podría adoptar las medidas necesarias para adaptar el dictado de clases a las necesidades educativa de cada estudiante con discapacidad; asimismo se podría conocer las barreras y limitaciones que impiden a las familias que sus hijas o hijos reciban clases escolares”, sostuvo la representante de la Defensoría del Pueblo, quien exigió a las autoridades municipales y de las Omaped intensificar las estrategias para la incorporación del enfoque de discapacidad en el desarrollo de la gestión pública, así como la asignación de más presupuesto con la finalidad de mejorar la atención de las personas con discapacidad en esta región.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo, enfatizó que en su condición de Mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, seguirá atenta a las necesidades de este grupo vulnerable, y pone a disposición la línea gratuita 0800-15170 para cualquier consulta.
