Los hechos que hoy rodean al presidente José Jerí no han pasado desapercibidos para la opinión pública. Denuncias, cuestionamientos y serios indicios de irregularidades han colocado su gestión bajo la lupa. Sin embargo, pese a este escenario, el Congreso ha optado por no impulsar una vacancia, una decisión que vuelve a encender las alertas sobre la existencia de un blindaje político entre bancadas.
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No se trata únicamente de José Jerí. El patrón se repite: funcionarios cuestionados que permanecen en el cargo gracias a una correlación de fuerzas que bloquea cualquier intento de sanción. La aritmética parlamentaria se impone sobre la ética pública. Mientras tanto, los discursos sobre lucha contra la corrupción quedan reducidos a declaraciones vacías.
La negativa a debatir una eventual vacancia no responde necesariamente a la inexistencia de hechos graves, sino al cálculo político de las bancadas que sostienen el poder. Vacar implicaría romper alianzas, perder espacios de influencia y abrir la puerta a precedentes que podrían volverse incómodos para muchos.
Este escenario debilita aún más la ya frágil institucionalidad del país. Cuando el Congreso actúa como escudo de sus propias autoridades, el mensaje hacia la ciudadanía es claro: la impunidad pesa más que la transparencia. La consecuencia inmediata es una mayor desconfianza en el sistema democrático y una creciente distancia entre representantes y representados.
Mientras no exista voluntad política para fiscalizar sin miramientos, el llamado “pacto mafioso” dejará de ser solo una consigna ciudadana para convertirse en una práctica normalizada dentro del Parlamento. Y en ese contexto, la permanencia de José Jerí no es una excepción, sino un síntoma más de un Congreso que ha renunciado a su rol de control.
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