DEFENSORÍA DEL PUEBLO INVESTIGA PRESUNTA EXTORSIÓN Y TRATOS DEGRADANTES EN EL PENAL DE COCHAMARCA

El comisionado de la Defensoría del Pueblo en Pasco, Emerson Palacios Cárdenas, informó que su despacho intervino de manera inmediata tras recibir una denuncia por presuntos actos de extorsión y vulneración de derechos fundamentales en el penal de Cochamarca, hechos que involucrarían a agentes y jefes de seguridad del INPE.

Según detalló el funcionario, la intervención se realizó el lunes por la mañana, luego de que un familiar de un interno comunicara que este venía siendo presuntamente extorsionado. De acuerdo con la denuncia, se le habría exigido el pago de 1 500 soles a cambio de no ser enviado a un lugar de castigo conocido como “el bote” o “el hueco”.

Palacios Cárdenas precisó que la Defensoría del Pueblo verificó los hechos in situ, levantó el acta correspondiente y constató que el interno formuló su denuncia por escrito, tanto en la vía administrativa como en la penal. Posteriormente, la documentación fue trasladada a la Fiscalía competente, específicamente a la fiscalía de Bihuayái, para el inicio de las investigaciones.

El comisionado señaló que el caso no sería aislado, ya que el denunciante manifestó que otros internos se encontrarían en situaciones similares, lo que refuerza la necesidad de una intervención más amplia por parte de las autoridades. En ese sentido, exhortó a la Fiscalía Anticorrupción a asumir un rol protagónico y realizar intervenciones en el establecimiento penitenciario.

Asimismo, informó que se viene coordinando con el Ministerio Público para identificar el lugar denominado “el hueco” o “el bote”, el cual —según la descripción brindada por los internos— no coincidiría con los ambientes oficialmente conocidos, lo que genera preocupación por la posible existencia de espacios de castigo prohibidos por normas nacionales e internacionales.

“Las personas privadas de libertad no pueden ser sometidas a tratos crueles, degradantes o extorsivos. Exigir dinero a cambio de no vulnerar su dignidad es inaceptable y lesiona gravemente la imagen del Estado”, sostuvo Palacios Cárdenas, quien también hizo un llamado al Poder Judicial y a las entidades de control para erradicar estos presuntos actos de corrupción.

El representante de la Defensoría indicó que su despacho continuará articulando acciones con la Fiscalía y ha comunicado el caso a las instancias superiores de la institución. De comprobarse los hechos, se deberá iniciar procedimientos administrativos, penales y civiles contra los responsables.

Finalmente, informó que la Defensoría del Pueblo mantiene abiertos sus canales de atención para recibir quejas o denuncias similares, a través del número 963 652 026, y destacó otras gestiones recientes del despacho, como la tramitación de documentos de identidad para cinco menores, hijos de una víctima de feminicidio, como parte del programa Rompiendo Cadenas.