Este jueves, llegará a este establecimiento penitenciario una delegación de profesionales de la Dirección Regional de Salud para brindar asistencia.
Atendiendo un requerimiento formulado por la oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco, tres representantes de la Dirección Regional de Salud (Diresa) se dirigirán este jueves al establecimiento penitenciario de Cochamarca donde brindarán asistencia técnica al personal de salud y servidores de dicho establecimiento penitenciario en aspectos como atención y manejo de personas afectadas por el COVID-19, aplicación de pruebas de descarte e implementación de protocolos sanitarios para prevenir y controlar esta enfermedad.
Cabe precisar que la oficina defensorial convocó a una reunión de urgencia a los funcionarios de la Diresa y del penal de Cochamarca luego de conocer sobre la muerte de un interno de dicho establecimiento, en el Hospital de Contingencia, como consecuencia del COVID-19. Durante la reunión se les demandó adoptar una estrategia más adecuada para evitar que en algún momento pueda colapsar el servicio de salud ante el incremento de casos positivos en el penal.
Para ello, la reunión, que se desarrolló de manera virtual, contó con la participación de las autoridades de la Diresa y del establecimiento penitenciario y la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco, Raquel Álvarez Peña, junto a dos funcionarios de la entidad.
La cita permitió adoptar importantes acuerdos, como la asistencia técnica para la atención médica así como el compromiso de la Defensoría del Pueblo en realizar un seguimiento a los requerimientos efectuados por el Establecimiento Penitenciario de Cochamarca ante la Dirección Regional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) referidos a la dotación de oxígeno, medicamentos y otros insumos o equipos necesarios para la atención y prevención de casos del COVID-19 entre los internos.
Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo ha manifestado en reiteradas oportunidades la necesidad de que el INPE adopte acciones para prevenir y contrarrestar probables brotes masivos del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios de todo el país. A través del informe “Situación de las personas privadas de libertad a propósito de la emergencia sanitaria”, se advirtió que la salud de la población penitenciaria se podría ver seriamente comprometida debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad que ya existían en los penales antes de la llegada del COVID-19 al país.
