Falta de personal capacitado para entierros por COVID-19 e incumplimiento de requisitos sanitarios son algunas deficiencias identificadas en camposantos de esta región.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco instó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) a adoptar medidas urgentes frente a las deficiencias que presenta gran parte de los cementerios en esta región. Tras una supervisión a siete camposantos, se pudo constatar que la mayoría de ellos carece de personal capacitado para la inhumación de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, lo que constituye un riesgo de posible propagación de la enfermedad ante la falta de conocimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.
Según pudo comprobarse, solo el Cementerio General de Pasco, ubicado en el distrito de Yanacancha, cuenta con personal apto para el entierro de víctimas del COVID-19. No ocurre lo mismo en los camposantos ubicados en los distritos de Huariaca, Huayllay y Paucartambo, en la provincia de Pasco. Tampoco en el de Yanahuanca de la provincia de Daniel Alcides Carrión, ni en los ubicados en los distritos de Puerto Bermúdez y Oxapampa.
El no contar con personal capacitado ha generado que, en algunos casos, sean los propios familiares quienes realicen la sepultura de sus seres queridos junto al personal de salud. Esta situación, sin embargo, podría generar posibles contagios y propagación del COVID-19.
De otro lado, se conoció que los cementerios de Paucartambo, Huariaca, Yanahuanca y Puerto Bermúdez han sobrepasado el 50 % de su capacidad total; mientras que en el caso del Cementerio General de Pasco, este porcentaje supera el 80 %. Sin embargo, en ninguno de estos camposantos se ha iniciado la construcción o habilitación de nuevos nichos o fosas comunes, pese a contar con espacios disponibles.
Durante el recorrido se tomó conocimiento también de la existencia de un espacio ubicado en el sector de Tahuantinsuyo, ubicado en el distrito de Chaupimarca, donde se estarían realizando inhumaciones de manera informal, sin el control por parte de las autoridades.
“Hemos trasladado estas observaciones a las autoridades municipales, pero además hemos pedido a la Diresa que brinde asistencia técnica a los gobiernos locales para la obtención urgente de los certificados de habilitación y autorización sanitaria, y también para que gestionen la incorporación de personal capacitado en el cumplimiento de las normas de bioseguridad para la inhumación de cadáveres de pacientes COVID-19”, dijo la representante de la Defensoría del Pueblo, quien requirió también que se verifique la denuncia sobre entierros clandestinos que se vendrían realizando en el sector de Tahuantinsuyo.
