DETECTAN PERJUICIO DE S/ 120 MIL POR IRREGULAR COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Siete funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa

La Contraloría General halló un perjuicio económico de S/ 120 989,69 en la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión, tras detectar irregularidades en la adquisición de proyectores multimedia y tableros blancos interactivos para 18 instituciones educativas de nivel secundario de los ocho distritos de la provincia. Se identificó, además, a siete funcionarios y/o servidores públicos con presunta responsabilidad penal y administrativa.

Según el Informe de Control Específico N° 015-2020-2-0447-SCE, funcionarios de la entidad otorgaron la conformidad y tramitaron el primer pago de S/ 132 000, equivalente al 60% del monto contractual, sin haber recepcionado e ingresado la totalidad de los bienes al almacén de la entidad, contraviniendo las cláusulas del contrato.

Además, se evidenció que el contratista no cumplió con la entrega e instalación de ocho de los veintinueve proyectores multimedia adquiridos ni ocho de las veintinueve pizarras interactivas en las instituciones educativas que correspondía, tampoco sustentó el proceso de capacitación sobre el uso de los equipos; a pesar de ello, funcionarios de la entidad otorgaron la conformidad de servicio para el pago de S/ 88 000 que correspondía y que era equivalente al 40% del monto total del contrato. 

La comisión auditora también detectó que el contratista incurrió en retraso en la entrega e instalación para la los equipos; sin embargo, esta demora no fue advertida por los funcionarios de la entidad.  A ello se suma que los proyectores multimedia entregados por el contratista no cumplirían con las especificaciones técnicas señaladas en las bases integradas de adjudicación simplificada N° 39-2019-MPDAC-YHCA.  

El informe de control, que comprendió el periodo 29 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020, fue puesto en conocimiento del titular de la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión para el inicio de las acciones administrativas; además, se remitió a las instancias pertinentes para el inicio de las acciones legales contra los funcionarios comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad.