Representantes de la Asociación de Comerciantes de Comida Típica “Tradiciones Pasqueñas” presentaron una denuncia penal contra el alcalde del distrito de Yanacancha, Cayetano Julio Cajahuamán Quispe, por la presunta comisión de delitos relacionados con el cobro de alquileres en un terreno que no sería de propiedad municipal.
La denuncia fue interpuesta el 23 de abril de 2026 ante el Ministerio Público del Perú, a través de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pasco, y está suscrita por representantes de la asociación.
DELITOS IMPUTADOS
En el documento se atribuye al burgomaestre la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, abuso de autoridad, peculado doloso y cobro indebido. Los denunciantes solicitan una sanción penal, así como el pago de una reparación civil de 80 mil soles, además de la devolución del dinero recaudado por concepto de alquileres.
HECHOS DENUNCIADOS
De acuerdo con la fundamentación fáctica, la asociación viene desarrollando sus actividades comerciales desde hace más de 30 años en 18 stands ubicados en el jirón 28 de Julio, en Yanacancha, pagando alquileres de manera regular a la municipalidad.
Sin embargo, señalan que, tras diversas gestiones y la revisión de documentos oficiales —entre ellos oficios de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior— se habría determinado que el terreno no pertenece a la municipalidad, sino al Ministerio del Interior del Perú, por lo que la ocupación sería considerada precaria al no existir vínculo contractual con el propietario real.
En ese contexto, los denunciantes sostienen que el alcalde y funcionarios municipales habrían continuado cobrando alquileres a pesar de conocer la situación legal del predio, induciendo a error a los comerciantes y generando un perjuicio económico. Asimismo, indican que se habrían realizado promesas de reubicación que no fueron cumplidas.
MEDIOS PROBATORIOS
La denuncia incluye informes periciales contables, recibos de caja emitidos por la municipalidad, oficios de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior que acreditarían la titularidad del terreno, así como memorandos municipales en los que posteriormente se dispone la suspensión del cobro de alquileres tras conocerse la situación.
El documento cuenta con sello de recepción de Mesa de Partes del Ministerio Público, lo que formaliza el inicio de las acciones legales.
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