La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía que otorga beneficios a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su rechazo a la ley, al considerar que contradice compromisos asumidos por el Perú en materia de derechos humanos y podría afectar procesos judiciales en curso.
Desde el Ejecutivo no se han ofrecido mayores declaraciones sobre los alcances específicos de la norma, mientras que sectores políticos afines a la medida la defienden como un acto de “reparación histórica” hacia quienes enfrentaron a los grupos subversivos.
Se espera que en los próximos días organismos como la Defensoría del Pueblo, la CIDH o la ONU Derechos Humanos se pronuncien formalmente sobre esta decisión.
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