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La decisión se adoptó tras el debate del informe elaborado en el marco de las atribuciones de control político del Parlamento. Dicho documento concluye que existirían responsabilidades que ameritan la sanción de inhabilitación, conforme a lo establecido en la Constitución y el Reglamento del Congreso.
El informe aprobado será elevado al Pleno del Congreso, instancia que deberá debatir y decidir si ratifica o no la recomendación de la Comisión Permanente.
Hasta el cierre de esta nota, no se informó sobre un pronunciamiento oficial de la exfiscal Delia Espinoza respecto a la decisión adoptada por el grupo parlamentario.
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