Los recientes cuestionamientos en torno a reuniones no oficiales sostenidas por el jefe de Estado, José Jerí, han reabierto el debate sobre la forma en que el Congreso ejerce el control político frente a hechos similares ocurridos en el pasado. Para diversos sectores, las reacciones actuales contrastan con la severidad aplicada durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
En el caso de Castillo, la revelación de reuniones extraoficiales derivó rápidamente en pedidos de vacancia impulsados por varias bancadas parlamentarias, bajo el argumento de falta de transparencia y presunta afectación a la institucionalidad. No obstante, frente a las reuniones no registradas atribuidas al actual mandatario, los mismos grupos políticos han optado por una postura más cautelosa, limitándose hasta ahora a solicitudes de información y evaluaciones preliminares.
Este contraste ha generado cuestionamientos sobre la consistencia del control político y la existencia de acuerdos tácitos entre fuerzas políticas que integran el Parlamento, orientados a preservar equilibrios de poder. Analistas señalan que estas diferencias pueden debilitar la credibilidad del Congreso y alimentar la percepción ciudadana de selectividad en la fiscalización.
En este contexto, el debate no solo gira en torno a la legalidad de los actos investigados, sino también a la coherencia institucional y al impacto que estas decisiones tienen en la confianza pública y en la calidad de la democracia.
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