La minera Volcan Compañía Minera S.A.A. y sus empresas subsidiarias encabezan el ranking de compañías que incumplieron medidas correctivas ambientales impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), pese a haber sido beneficiadas con la condonación de millonarias multas gracias a la derogada Ley 30230, conocida como la Ley del Paquetazo Ambiental.
Según una investigación de Convoca.pe, el Grupo Volcan —actualmente propiedad del fondo argentino Integra Capital— incumplió 20 de las 26 medidas correctivas ordenadas por OEFA entre los años 2015 y 2018, durante la vigencia de dicha norma. A pesar de ello, el Estado le perdonó más de 5 millones 300 mil soles en sanciones económicas.
La Ley 30230, aprobada en julio de 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala, limitó la capacidad sancionadora del OEFA y priorizó la imposición de medidas correctivas por encima de multas. Aunque fue derogada en 2017, sus efectos continúan vigentes en la fiscalización ambiental. En total, 57 empresas mineras y petroleras fueron beneficiadas con descuentos que superan los 70 millones 689 mil soles, dinero que no ingresó al erario nacional.
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Una de las sanciones más representativas corresponde a la unidad minera Carahuacra, en Junín, donde OEFA detectó en 2013 la falta de escalonamiento de taludes y la inexistencia de drenes para el control de aguas de escorrentía. Aunque la multa real ascendía a 2 millones 473 mil soles, fue reducida a poco más de 1 millón 105 mil soles tras aplicarse los descuentos del Paquetazo Ambiental.
En otro caso, la unidad minera Andaychagua instaló 21 componentes no contemplados en su IGA, generando alteración del paisaje natural y riesgos ambientales. La multa original fue reducida en más del 50 %, y aunque posteriormente OEFA verificó el cumplimiento parcial de las medidas correctivas, la empresa evitó el pago completo de las sanciones impuestas.
Las subsidiarias Empresa Explotadora de Vinchos Ltda. S.A.C. y Compañía Minera Vichaycocha S.A.C. también acumulan múltiples sanciones por incumplimientos reiterados, relacionadas con sedimentos contaminados, presencia de metales pesados como cadmio, plomo y zinc, y fallas en medidas de cierre y remediación ambiental. En todos los casos, las multas fueron significativamente reducidas.
En total, Volcan y sus subsidiarias pagaron apenas 4 millones 592 mil soles en multas, cuando el monto real de las sanciones superaba ampliamente esa cifra. Aún quedan montos pendientes de pago y no se descarta la imposición de multas coercitivas adicionales, ya que el pago de una sanción económica no exime a las empresas de cumplir las medidas correctivas.
Especialistas en derecho ambiental advierten que esta política de tolerancia ha debilitado la fiscalización y no ha logrado que las empresas reparen los daños ambientales. Para la abogada ambientalista Ana Leyva, la persistencia de estos incumplimientos demuestra que el sistema de sanciones “no está funcionando” y requiere correcciones urgentes.
A una década de la promulgación del Paquetazo Ambiental, el caso Volcan evidencia cómo una norma derogada sigue generando impunidad ambiental, afectando no solo al medioambiente, sino también a la credibilidad del Estado en la defensa de los derechos colectivos.
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