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De acuerdo con el documento, el pedido fue elevado al Despacho Presidencial, instancia que deberá evaluar la procedencia de la solicitud. Hasta el momento, no se conoce el monto exacto que el Estado desembolsaría para cubrir los honorarios del abogado defensor, ya que recién se realizaría un estudio de mercado para determinar el costo del servicio legal.
La investigación, conocida públicamente como el caso “Chifagate”, comprende los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. Estos habrían sido cometidos, según la tesis fiscal, a raíz de las reuniones sostenidas por Jerí con los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.
El pedido para que el Estado financie su defensa se produce mientras la investigación continúa en curso y en medio de cuestionamientos políticos, debido a que el caso involucra presuntos actos irregulares ocurridos durante el ejercicio de funciones públicas.
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