La reciente polémica por la compra de aviones de combate en el Perú ha vuelto a poner en agenda uno de los mayores escándalos de corrupción en adquisiciones militares: la compra de aeronaves durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990.
En 2021, el Poder Judicial condenó a siete personas por el delito de colusión desleal en el proceso de adquisición de 39 aviones de guerra, entre modelos MiG-29 y Sukhoi, comprados a Bielorrusia y Rusia entre 1996 y 1998.
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Las investigaciones determinaron que estos funcionarios facilitaron pagos irregulares en una operación que superó los 500 millones de dólares y que estuvo marcada por sobrevaloraciones y sobornos.
El caso también involucró al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien admitió haber recibido millonarios sobornos en el marco de estas adquisiciones, consolidando el caso como uno de los más emblemáticos de corrupción en el sector defensa.
Si bien el expresidente Fujimori no fue condenado específicamente por este proceso, el escándalo ocurrió bajo su gobierno y dentro de una estructura estatal posteriormente investigada por redes de corrupción.
En el contexto actual, donde el Ejecutivo evalúa o ejecuta nuevas compras de aviones de combate por miles de millones de dólares, especialistas advierten la necesidad de garantizar transparencia y control en este tipo de adquisiciones estratégicas, a fin de evitar la repetición de prácticas irregulares del pasado.
El antecedente judicial ha reavivado el debate público sobre la gestión de recursos en defensa nacional y la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión en decisiones de alto impacto económico.
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