Durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990–2000), se denunciaron graves casos de interferencia y control sobre medios de comunicación, hechos que posteriormente derivaron en investigaciones por corrupción y abuso de poder.
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Según las evidencias reveladas en los denominados “vladivideos”, se habrían realizado pagos a empresarios de medios y periodistas con el objetivo de asegurar cobertura favorable al régimen y neutralizar voces críticas.
El exproductor de América televisión, José Enrique Crousillat, por esta razón, fue acusado de recibir dinero ilícito del Estado. Posteriormente, se dictó una orden de detención contra él y su hijo, José Francisco Crousillat Carreño. En 2005 recibió una condena de ocho años de prisión por los delitos de asociación ilícita, peculado y corrupción.
Estos hechos, difundidos a finales del año 2000, generaron una profunda crisis política que aceleró la caída del gobierno de Fujimori y dieron inicio a procesos judiciales por corrupción y violaciones a la libertad de prensa.
El caso sigue siendo considerado uno de los episodios más relevantes en el debate sobre libertad de expresión y uso del poder estatal en el Perú contemporáneo.
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