En cuestión de horas, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) adoptó decisiones que han generado diversas reacciones en el ámbito jurídico y político del país, debido a su impacto en la evaluación y ratificación de magistrados.
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Sin embargo, en otro caso, el juez Osvaldo Ordóñez no obtuvo la misma decisión favorable. El magistrado no fue ratificado tras haber presentado denuncias ante instancias internacionales sobre normas impulsadas desde el Congreso, las cuales —según advirtió— podrían afectar la independencia del sistema de justicia.
Entre sus pronunciamientos, el juez había alertado sobre iniciativas legislativas que, a su criterio, podrían interferir en la función jurisdiccional y fiscal, incluyendo propuestas para supervisar la labor de jueces y fiscales desde el Congreso, así como modificaciones normativas vinculadas al rol de la Policía Nacional en investigaciones preliminares y al alcance de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión de no ratificación ha generado críticas por parte de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, que expresó su rechazo e indignación, señalando su preocupación por un posible impacto en la independencia judicial.
Asimismo, especialistas y representantes de organismos internacionales, entre ellos expertos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han advertido que este tipo de decisiones podrían ser interpretadas como represalias y tener efectos en la labor de los jueces a nivel nacional.
El caso ha reavivado el debate sobre los criterios de evaluación de la JNJ y la relación entre el sistema de justicia y el poder político, en un contexto de creciente sensibilidad institucional.
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