La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó al partido Fuerza Popular por el uso indebido de más de 140 mil soles provenientes del financiamiento público directo, mientras que el candidato presidencial Roberto Sánchez afronta una investigación fiscal por presunta declaración falsa de aportes.
Mediante una resolución emitida por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, el organismo electoral impuso a Fuerza Popular una multa de 36 UIT, equivalente a 198 mil soles, además de la pérdida del 50% del financiamiento público directo.
Según la ONPE, el partido realizó gastos que no se encuentran permitidos dentro de la normativa sobre uso de fondos estatales destinados a organizaciones políticas.
Entre los desembolsos observados figura un viaje a San Francisco, Estados Unidos, valorizado en 27.927 soles. Aunque Fuerza Popular lo presentó como una actividad académica, la ONPE concluyó que se trató de visitas y recorridos sin contenido formativo suficiente.
Asimismo, el organismo cuestionó un retiro espiritual en Europa denominado “The Leader’s Fellowship”, cuyo costo ascendió a 15.072 soles. El programa incluía actividades recreativas, visitas y catas de vino, por lo que fue descartado como capacitación válida.
Otro gasto observado corresponde al financiamiento de una maestría en gestión pública valorizada en 100 mil soles. La ONPE señaló que el programa concluirá en 2027, cuando el partido ya no tendría derecho a recibir recursos del financiamiento público correspondiente al actual periodo parlamentario.
La resolución también incorporó gastos menores relacionados con intereses por pagos administrativos tardíos.
En paralelo, el Ministerio Público investiga a Roberto Sánchez por presuntas irregularidades en la declaración de aportes ante la ONPE. Según la investigación preliminar, más de 280 mil soles habrían sido desviados hacia cuentas personales y personas de su entorno cercano.
La Fiscalía busca determinar si existieron inconsistencias entre los movimientos financieros y la información reportada oficialmente al organismo electoral.
Ambos casos han reabierto el debate sobre la fiscalización del financiamiento político y el uso de recursos públicos por parte de las organizaciones partidarias.
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