LOCAL CLAUSURADO DEFINITIVAMENTE HABRÍA SEGUIDO OPERANDO Y DESATA CUESTIONAMIENTOS A LA FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

La difusión de un video que muestra una violenta agresión entre mujeres en el jirón Ramón Castilla ha puesto en cuestión la capacidad de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, luego de que sus propios funcionarios confirmaran que el establecimiento presuntamente vinculado al incidente fue clausurado de manera definitiva hace varios meses.

El gerente de Administración Tributaria, Miguel Santiago Lázaro, reveló que el local fue sancionado tras dos procedimientos administrativos que concluyeron con la recomendación de cierre definitivo. Como parte de la medida, se emitió una resolución de clausura, se retiró toda la publicidad del negocio e incluso se colocaron bloques de concreto en el frontis del inmueble para impedir su funcionamiento.

Sin embargo, las imágenes difundidas recientemente y los testimonios recogidos tras el incidente generan una pregunta inevitable: ¿cómo un establecimiento clausurado de manera definitiva habría continuado operando sin que las autoridades lo detectaran o impidieran?

El propio funcionario reconoció que resulta extraño que el local aparentemente haya estado atendiendo al público, pese a que la resolución de clausura quedó consentida debido a que los propietarios no presentaron recursos de apelación, reconsideración o nulidad. Es decir, legalmente el establecimiento no debía volver a abrir sus puertas.

La situación también evidencia posibles deficiencias en las labores de supervisión y control. Santiago Lázaro admitió que la municipalidad enfrenta limitaciones por la falta de personal de Seguridad Ciudadana, lo que habría reducido la capacidad de vigilancia en diversos puntos del distrito.

Mientras tanto, vecinos cuestionan cómo un negocio sancionado con la máxima medida administrativa pudo seguir siendo frecuentado por personas hasta el punto de verse involucrado en hechos de violencia que ahora son materia de investigación.

La Municipalidad anunció que toda la información relacionada con el caso será remitida a la Subgerencia de Fiscalización para determinar responsabilidades y adoptar nuevas acciones. No obstante, el incidente ha reabierto el debate sobre la eficacia de las clausuras definitivas y la capacidad de las autoridades locales para garantizar que las sanciones se cumplan de manera efectiva.

Para muchos ciudadanos, el problema ya no es únicamente la agresión registrada en la vía pública, sino la aparente falta de control que habría permitido que un establecimiento oficialmente clausurado continuara funcionando sin mayores restricciones.