El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó la ley que amplía la competencia de la jurisdicción militar policial para investigar y juzgar determinados delitos de función cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú durante el ejercicio de sus funciones.
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La norma establece que, para los integrantes de las Fuerzas Armadas, se considerará delito de función toda conducta ilícita cometida durante acciones militares destinadas al mantenimiento o restablecimiento del orden interno y otras funciones legalmente establecidas, especialmente en el marco de un estado de emergencia.
En el caso de la Policía Nacional del Perú, la ley dispone que serán considerados delitos de función los hechos ocurridos durante el cumplimiento de labores de prevención e investigación del delito, control de identidad, inteligencia, fiscalización del tránsito, seguridad, vigilancia de fronteras, criminalística y otras funciones previstas en la legislación vigente, también en el contexto de estados de emergencia.
Asimismo, la norma establece que un mismo hecho no podrá ser investigado simultáneamente por la justicia ordinaria y la jurisdicción militar policial, otorgando prioridad a esta última en los casos contemplados por la ley.
La aprobación de esta legislación ha generado posiciones encontradas. Sectores que respaldan la medida sostienen que brinda mayor seguridad jurídica a policías y militares durante el cumplimiento de sus funciones. En contraste, congresistas, especialistas y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación al considerar que la norma podría limitar la actuación de la justicia ordinaria en casos relacionados con presuntas vulneraciones de derechos humanos.
La promulgación ocurre en un contexto en el que diversos casos de presunto abuso policial registrados en distintas regiones del país vienen siendo investigados por el Ministerio Público.
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