Las declaraciones juradas presentadas por los integrantes del Gabinete Ministerial encabezado por Luis Galarreta revelan que 15 ministros consignaron investigaciones fiscales, procesos judiciales o sentencias por diversos presuntos delitos, entre ellos lavado de activos, organización criminal, abuso de autoridad, corrupción, colusión, peculado, cohecho y lesiones.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, declaró dos investigaciones activas por los presuntos delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. Asimismo, informó haber sido investigado anteriormente por fraude electoral y nombramiento ilegal.
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Por su parte, el ministro de Justicia, César Álvarez, señaló que enfrenta acusaciones constitucionales en trámite, aunque no precisó los hechos relacionados con dichos procedimientos.
El canciller Carlos Espá consignó investigaciones por cohecho. Mientras tanto, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, informó haber sido sentenciado por lesiones culposas y declaró además antecedentes por presunta falsedad ideológica y estafa.
El ministro Rafael Belaunde también reportó investigaciones, aunque explicó que uno de los casos se originó por un error del BBVA, entidad que posteriormente —según su versión— reconoció mediante una carta que él había sido el agraviado por la falsificación de su firma.
En el sector Educación, José Chang declaró haber afrontado ocho investigaciones relacionadas con presuntos delitos de usurpación de funciones, lavado de activos, delitos contra el patrimonio, tranquilidad pública y asociación ilícita.
El ministro de Salud, Luis Dyer, reportó investigaciones por falsificación de documentos y dos casos por declaraciones falsas.
Uno de los registros más amplios corresponde al ministro del Ambiente, Vladimir Huaroc, quien declaró 51 investigaciones. Entre ellas figuran nueve por desobediencia y abuso de autoridad, además de casos por colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción y ocultamiento de documentos, depredación de áreas agrícolas, lesiones y hurto.
El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, informó haber tenido 10 investigaciones, incluyendo cuatro por abuso de autoridad y resistencia a la autoridad, tres por negociación incompatible y otras por lavado de activos, delitos ambientales y cohecho pasivo propio.
En tanto, el ministro de Transportes, Rafael Rey, registró una investigación por un presunto delito contra la fe pública, mientras que el ministro de Trabajo, Juan Sheput, consignó antecedentes por presunto tráfico de influencias y colusión agravada.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró haber afrontado 20 investigaciones, aunque no precisó los delitos vinculados a dichos casos.
Finalmente, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vineli, reportó 10 investigaciones, entre ellas tres por delitos contra la administración pública, dos por abuso de autoridad y procesos por negociación incompatible, concusión, cohecho y corrupción de funcionarios.
La información consignada proviene de las declaraciones juradas presentadas por los propios integrantes del Gabinete Ministerial. La existencia de investigaciones o procesos judiciales no implica, por sí sola, responsabilidad penal, la cual solo puede ser determinada mediante una resolución judicial firme.
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