Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió que el Perú tiene el mayor índice de inseguridad alimentaria en Sudamérica.
Al cabo de una supervisión efectuada, entre el mes de octubre y la quincena de noviembre último, a una muestra nacional de 61 municipalidades, 72 comedores populares y 31 ollas comunes, la Defensoría del Pueblo comprobó deficiencias en su funcionamiento, lo que impide garantizar la sostenibilidad alimentaria de miles de familias que asisten a dichos espacios de soporte alimentario a la población más necesitada del país.
Al mismo tiempo se indica que, el 67 % (20) de las municipalidades supervisadas precisaron que tienen como principal recurso para la asistencia a ollas comunes, los productos alimenticios que, de manera extraordinaria, les asigna el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Cabe mencionar que dicha asistencia viene siendo proporcionada dentro de los alcances del D. U. n.º 017-2022, cuya vigencia concluye el presente año, señala el informe.
Por otro lado, el 57 % (17) de las 31 municipalidades distritales y provinciales señalaron como principal dificultad para la implementación de la Ley n.º 31458, Ley que reconoce a las ollas comunes, el incipiente presupuesto con el que cuentan para ejecutar la atención alimentaria a las ollas comunes, pues la mencionada norma solo les autoriza a realizar modificaciones presupuestales de su propio presupuesto institucional. En tanto, solo el 50 % de las/los lideresas/es de ollas comunes precisó que conoce la existencia de la Ley n.º 31458, que las reconoce.
La Defensoría del Pueblo estima que avances normativos, como la Ley n.º 31458, que reconoce a las ollas comunes, generan un marco para orientar la respuesta estatal en favor de estas iniciativas. No obstante, conforme a anteriores advertencias, se reitera que la exigencia planteada en el reglamento de la mencionada Ley, de constituirse en organizaciones sociales de base para recibir la asistencia alimentaria es una limitación para una oportuna asistencia a las familias pobres y pobres extremas que se alimentan a través de una olla común, en un contexto de crisis o emergencia alimentaria.
Insistimos en la urgencia de realizar ajustes a la Ley n.º 31458 y su reglamento, a fin de que sean instrumentos que permitan materializar -oportunamente- la asistencia alimentaria hacia las ollas comunes. Si bien la entidad destaca la inclusión presupuestal de 100 millones de soles en el presupuesto público 2023, resulta necesario advertir de la necesidad de implementar un procedimiento expeditivo para concretar dicha ayuda, tal cual sucedió con el D. U. n.º 017-2022.
Finalmente, la institución recalca la importancia de la asignación y distribución equitativa de un presupuesto que haga sostenible a las ollas comunes. De esa manera, se puede garantizar el derecho a la alimentación de las familias más pobres y vulnerables frente a un escenario de inseguridad alimentaria recrudecido por la crisis económica que atraviesa el país.
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