El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, solicitó –mediante oficio– al Presidente del JNE, Francisco Távara, adoptar las medidas necesarias para que la Dirección Central de Gestión Institucional y los Jurados Electorales Especiales -que se instituyan a partir del 1 de junio- cuenten con los recursos humanos y materiales suficientes para realizar las tareas de fiscalización encomendadas.
Vega señaló que desde el 24 de enero, fecha de la convocatoria a elecciones regionales y municipales, la Defensoría del Pueblo ha recordado a alcaldes, presidentes regionales y funcionarios públicos de todo el país las obligaciones y prohibiciones que les competen en materia de uso de recursos públicos y publicidad estatal.
En ese contexto se han detectado infracciones al deber de neutralidad y uso de publicidad estatal por parte de los Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho, Junín, Pasco y Tumbes y de las municipalidades de Abancay, Huancayo, entre otras, por haber difundido publicidad prohibida en espacios públicos.
Estas infracciones han sido comunicadas oportunamente al JNE para que proceda de acuerdo a las atribuciones que le compete en el marco del desarrollo de un proceso electoral como el que se encuentra en marcha donde se elegirá a las autoridades regionales y municipales para el periodo 2014-2018.
De otro lado, Vega Luna reiteró a las autoridades y funcionarios públicos que se encuentra prohibido financiar, con recursos públicos, cualquier clase de propaganda electoral -a favor o en contra- de cualquier organización política o candidato participante en la próxima contienda electoral, en la cual se elegirá a las nuevas autoridades locales y regionales.
“Estas prohibiciones tienen su razón de ser en la observancia del principio de neutralidad y buscan garantizar el libre ejercicio al sufragio y los demás derechos de participación ciudadana, a partir de la convocatoria a elecciones y hasta la proclamación de los resultados electorales”, señaló –por su parte- el Jefe del Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas, Eduardo Luna.
El funcionario informó que las Oficinas de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional, continuarán supervisando el cumplimiento del principio de neutralidad por parte de los funcionarios públicos.
