UNDAC REDOBLA PRESIÓN Y EXIGE IDENTIFICAR A ESTUDIANTES QUE PROTESTARON POR MEJORAS EDUCATIVAS BAJO AMENAZA DE SANCIÓN

La Dirección General de Administración (DGA) de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) ratificó su requerimiento para identificar plenamente a los estudiantes que participaron en protestas y movilizaciones en reclamo de mejoras educativas en la filial de La Merced. 

A través del Oficio N° 002367-2026-UNDAC/DGA, emitido el 20 de agosto de 2026, el director general de Administración, Álvaro César Berrospi Cárdenas, reiteró a la Subdirección de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de dicha filial la entrega de nombres completos, DNI, códigos de matrícula, semestre y correos institucionales de los universitarios involucrados. Esta medida se adopta bajo la advertencia de posibles responsabilidades funcionales y administrativas en caso de incumplimiento. 

CHOQUE INSTITUCIONAL POR LA PROTECCIÓN DE DATOS

El conflicto administrativo escaló luego de que la sede de Ciencias de la Comunicación calificara la solicitud inicial como "improcedente, ilegal e inconstitucional", argumentando que la entrega de dicha información vulneraría la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, e invocando la intervención de la Defensoría Universitaria y del Tribunal de Honor. 

Sin embargo, respaldada por un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica (Informe Legal N° 000228-2026-UNDAC/OAJ), la DGA desvirtuó dichos argumentos al señalar que no existe una "transferencia de datos a terceros", sino un proceso de circulación interna entre órganos de una misma institución pública. Asimismo, la administración universitaria sostuvo que el artículo 14, numeral 1, de la normativa de protección de datos exime del consentimiento del titular cuando la información es recopilada para el ejercicio de funciones propias de las entidades públicas, tales como las investigaciones disciplinarias. 

PLAZO IMPRORROGABLE BAJO ADVERTENCIA DE SANCIÓN

Con esta disposición, la DGA fijó un plazo improrrogable de 48 horas para la remisión de los datos académicos solicitados. La autoridad administrativa advirtió que la negativa a entregar la información entorpece los procedimientos ante el Tribunal de Honor Universitario y motivará la derivación inmediata de los antecedentes al Órgano de Control Institucional (OCI).