Contraloría: Más de 780 funcionarios y/o servidores públicos han sido suspendidos o inhabilitados para laborar en el Estado

Al 31 de enero de este año, el Órgano Sancionador y el Tribunal Superior de responsabilidades Administrativas de la Contraloría General, sancionaron a 784   funcionarios   y/o   servidores   públicos   con  la  suspensión  y/o inhabilitación para laborar en el Estado por conductas infractoras graves o muy graves durante el ejercicio de su función.

Según  la  gravedad  de  las  infracciones cometidas,  los  funcionarios o servidores  públicos fueron suspendidos desde 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública desde 1 hasta 5 años.

La   relación   completa   con  el  resultado  del Proceso  Administrativo sancionador-PAS  se  ha publicado en la web de la Contraloría General, como una manifestación de su política de transparencia y para dar a conocer a la opinión pública el trabajo desarrollado en el marco de la Ley N° 29622 y su reglamento.

De  acuerdo con la normativa vigente, las sanciones impuestas por el Órgano sancionador, una  vez  consentidas  (es  decir,  cuando  el  funcionario o servidor  no  apeló)  o cuando son confirmadas por el Tribunal Superior de responsabilidades  Administrativas, se inscriben en el Registro Nacional de Sanciones  de  Destitución  y Despido de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y se publican trimestralmente en el portal web de la Contraloría.

DEBIDO PROCESO
En   el   procedimiento   administrativo  sancionador  por  responsabilidad administrativa  funcional,  se  respeta el debido procedimiento y todos los principios  y  garantías  que  rigen  la  potestad sancionadora estatal. Se desarrolla en dos instancias que cuentan con autonomía técnica:

La  primera instancia a cargo de la Contraloría General, está integrada por un Órgano Instructor que lleva a cabo las investigaciones, otorga el derecho  de  defensa  y  propone  la determinación de las infracciones y sanciones al Órgano   Sancionador que las  impone  o  declara  su inexistencia.
              
La   segunda   instancia   está  a  cargo  del  Tribunal  Superior  de Responsabilidades  Administrativas, que es un órgano colegiado, adscrito a la  Contraloría  General,  integrado  por  cinco vocales elegidos por concurso público, por un período de 5 años, que resuelve los recursos de
apelación presentados contra las resoluciones de la sanción.

Para  conocer  la relación completa de funcionarios y/o servidores públicos sancionados administrativamente,    ingresa    al    siguiente   enlace:
http://ow.ly/Eg623092F2q

El DATO
Las  resoluciones  emitidas  por  el  Tribunal  se  publican  en  el portal institucional y en el Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ, a fin de  que  los  criterios resolutivos  desarrollados  sean conocidos por los funcionarios y servidores y la ciudadanía.