• Funcionarios aprobaron adicional de obras para sistemas de agua potable y alcantarillado sin sustento técnico ni legal.
La Contraloría General identificó que el Gobierno Regional Pasco pagó más de S/ 15 millones 957 mil a la empresa contratista a cargo del “Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pasco (EMAPA Pasco)” por trabajos que no eran necesarios para cumplir con el objetivo del proyecto, y sin contar con el sustento técnico ni legal correspondiente.
El proyecto consistía en la ejecución del sistema de agua potable (captación de agua, línea de conducción, dos reservorios, Planta de Tratamiento de Agua Potable-PTAP y líneas de distribución) y el sistema de alcantarillado (redes colectoras, buzones y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR) para la ciudad de Cerro de Pasco, por un monto superior a los S/ 148 millones.
La obra se inició en el año 2013 y por diversos hechos irregulares no ha sido concluida en perjuicio de aproximadamente 70 mil pobladores de la ciudad de Cerro de Pasco que desde hace muchos años anhelan contar con un servicio de agua potable y alcantarillado eficiente. Actualmente, solo parte de la población cuenta con el servicio a nivel domiciliario, pero de manera restringida y no permanente. El proyecto aún no cumple con su objetivo de incrementar la producción de agua potable y mejorar el abastecimiento.
Resultado de Auditoría
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 5807-2019-CG/MPROY-AC (Periodo 9 de enero de 2012 al 27 de febrero de 2017) también identificó un perjuicio económico por la suma de S/ 398 mil por la inaplicación de penalidades al contratista por la entrega fuera de plazo del expediente técnico, y como consecuencia de mayores pagos al supervisor de obra por ampliaciones de plazo ocasionado por la falta de disponibilidad de terrenos.
En este caso se encuentran comprendidos 16 funcionarios y servidores públicos de la pasada gestión del gobierno regional, a quienes la Contraloría General determinó presunta responsabilidad civil, penal y administrativa, por los siguientes tres hechos observados durante la ejecución del proyecto:
1. Aprobación del expediente técnico con documentación incompleta y deficiencias técnicas. El documento se presentó fuera de plazo y no se aplicó la penalidad por mora, generando un perjuicio económico por S/ 231 mil 111.20
La auditoría identificó que el expediente técnico fue aprobado pese a que no contenía los estudios de fuentes de agua naturales aprobados por la Autoridad Nacional del Agua ni el estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, presentaba deficiencias técnicas referidas al diagnóstico de trabajos para los servicios de agua y desagüe ejecutadas por otras entidades (generando duplicidad de proyectos), a un menor tratamiento de volúmenes de agua en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), y a la construcción de buzones de agua en propiedad privada sin contar con las autorizaciones, entre otros aspectos. El expediente técnico tampoco presentaba la firma de los especialistas que supuestamente lo avalaron.
2. La obra se inició sin contar con el saneamiento físico legal de los terrenos y sin las licencias ni autorizaciones, ocasionando la aprobación de ampliaciones de plazo y mayor pago a la supervisión de la obra por S/ 166,962.67
La falta de saneamiento físico legal de los terrenos fue un limitante para cumplir con los avances de la obra. Dicha situación llevó a la paralización de los trabajos por cuatro meses (noviembre 2015 – marzo 2016) y la aprobación de ampliaciones de plazo que se aprobaron sin reconocimiento de gastos generales. No contar con la disposición de terrenos produjo que el contrato sea resuelto por parte del contratista cuando la obra se encontraba en el 56% de ejecución. Las ampliaciones de plazo ocasionaron un perjuicio económico de S/ 166 mil 962.67 por un mayor pago a la supervisión. Los trabajos se retomaron por administración directa luego de 9 meses de la paralización, pero no se concluyó.
3. El Gobierno Regional aprobó un adicional de obra para la ejecución de trabajos que no eran indispensables para la meta del proyecto y que generó mayores gastos por S/ 15 millones 957 mil 428.20 y una ampliación de plazo por 243 días calendario.
El contratista solicitó el adicional de obra n. 3 para ejecutar diversas obras no contempladas en el expediente técnico. Argumentó -por ejemplo- una insuficiente captación de agua requerida para la Planta de Tratamiento de Agua Potable y logró que se modifique la ubicación de la fuente de captación de agua, ubicándola a 32 kilómetros del punto original (más arriba), generando cambios en el diseño hidráulico y estructural, impactando en los costos. Se identificó que no hubo sustento técnico y legal y que además dichos trabajos no se constituían en un Adicional de Obra porque no resultaban indispensables para cumplir la meta del proyecto.
Los resultados del control posterior fueron notificados a la actual autoridad regional, y a la Procuraduría Pública de la Contraloría General, para el inicio de las acciones administrativas y legales que correspondan contra los funcionarios y servidores involucrados. El informe completo se encuentra publicado en la página web www.contraloria.gob.pe (Sección: Transparencia e Informes de Control).
