Se plantea cancelar a las organizaciones políticas que reciban financiamiento que provengan de condenados por corrupción en paralelo a la declaración de ilegalidad.
Las sanciones políticas frente a las infracciones de las reglas del financiamiento de las organizaciones políticas es una de las propuestas que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha venido planteando ante el Congreso de la República desde hace varios años, como se puede corroborar de en las distintas versiones del proyecto de Código Electoral.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo, recordó que el proyecto de Código Electoral plantea que las organizaciones políticas que reciban financiamiento de personas condenadas por delitos contra la administración publica (que incluye a la corrupción) sea considerada una infracción muy grave la cual podría llevar a la cancelación de dicha organización política.
La propuesta que plantea el proyecto 2513/2017-CR implica la modificación del artículo 14 de Ley de Organizaciones Políticas (LOP); por lo que se requeriría mejorar la redacción de la misma, de tal forma que la declaratoria de ilegalidad de una organización política se realice en un proceso judicial breve y eficaz.
Por ello resultaría más eficaz e inmediato estudiar la inclusión como causal de cancelación de una organización política el haber recibido financiamiento fuente prohibida; en tanto se trataría de una sanción administrativa aplicada en primera instancia por el ROP y luego en segunda instancia por el Pleno del JNE. Aquí el Dr. Ticona resaltó que la declaratoria de ilegalidad es un proceso distinto a la cancelación de organizaciones políticas, la cual se desarrolla en el artículo 13 de la LOP, en tanto tiene efectos adicionales como la imposibilidad de reinscripción y el cierre de todos sus locales a nivel nacional.
En ese sentido, el Dr. Ticona planteó la posibilidad de que pudiese considerar el desarrollo de ambas medidas en paralelo, de tal forma que se pueda contar con herramientas eficaces para luchar contra la influencia del dinero proveniente de la corrupción sobre las organizaciones políticas, evitando que una organización política que reciba esta clase de financiamiento continúe actuando en el sistema de partidos.