PRESIDENTE DE LA CSN PARTICIPARÁ EN ELABORACIÓN DE PLAN DE POLÍTICA NACIONAL CONTRA LAS DROGAS AL 2030

Octavio César Sahuanay fue designado por presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado.

El presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSN), Octavio César Sahuanay Calsín, fue designado como representante técnico titular del Poder Judicial, para que actúe como punto focal y participe en el proceso de elaboración del Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional contra las Drogas al 2030.

Según el Decreto Supremo 192-2020-PCM, que aprobó la Política Nacional contra las Drogas al 2030, en los próximos meses, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) debe proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros la aprobación de dicho plan, el mismo que debe ser desarrollado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Sahuanay Calsín agradeció a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado por la designación; y ratificó su compromiso de trabajar con todo el profesionalismo que la situación amerita. “La lucha contra el tráfico ilícito de drogas es un tema crucial que está vinculado directamente con las competencias asignadas por ley a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada”, afirmó.

La resolución administrativa 176-2021 que designa al magistrado, remarca que la lucha contra el tráfico ilícito de drogas constituye un objetivo nacional en el que está comprometido el Poder Judicial, que contribuye a mejorar el control en la oferta de drogas, fortaleciendo las unidades especializadas que se ocupan de resolver estos temas.

IberRed

De otro lado, Sahuanay Calsín también fue designado como uno de los puntos focales del Poder Judicial ante la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), junto a los magistrados José Neyra Flores y Anthony Cerna Manyari.

IberRed es una estructura formada por autoridades centrales y puntos de contacto, procedentes de los Poderes Judiciales, Ministerios de Justicia,

Fiscalías y Ministerios Públicos de los 22 países que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Está orientada a la optimización de los instrumentos de asistencia judicial civil y penal, y al reforzamiento de los lazos de cooperación entre sus miembros.