PASCO: CONTRALORÍA DETECTÓ PERJUICIO ECONÓMICO DE S/ 4.2 MILLONES EN LA UNDAC

Se otorgó buena pro a postor que incumplió los requisitos

La Contraloría General determinó un perjuicio económico de S/ 4 236 103 en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC), debido a irregularidades en el proceso de selección y ejecución de la instalación de servicios básicos y urbanísticos en el sector de Pucayacu de dicha casa de estudios. 

Diez funcionarios y servidores tendrían responsabilidad penal y administraba. 

La obra, que consistía en la construcción de espacios arquitectónicos, urbanísticos y servicios complementarios en el campus universitario, sector Pucayacu, se construyó con un valor de S/ 10 612 657. Según el Informe de Control Específico N° 006-2022-2-0227, cuyo periodo de evaluación corresponde del 1 de setiembre al 31 de octubre de 2021, el comité de selección otorgó la buena pro a un consorcio que incumplía con las condiciones establecidas en las bases integradas al no acreditar la experiencia en ejecución de obras; además, suscribieron el contrato a pesar que los documentos requeridos se encontraban incompletos e incluso de manera irregular incrementaron a 20% el monto por adelanto de materiales. 

El equipo de control también verificó que funcionarios de la entidad otorgaron conformidad y tramitaron el pago a favor del contratista por el adelanto para materiales e insumos, por un monto mayor a lo permitido en la normativa y sin advertir que la carta fianza, presentado por el consorcio, fue emitida por una entidad financiera no autorizada. 

A ello se suma que, funcionarios y servidores de la universidad no cautelaron la custodia del original de las renovaciones de las garantías de fiel cumplimiento y adelanto directo, previo y posterior a la resolución de contrato, lo cual no permitió a la entidad realizar la ejecución de mismo. Por todo ello se originó un perjuicio de S/ 4 236 103. 

Los resultados del informe fueron comunicados al rector Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión para que, a través de los órganos que ejercen la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado, se disponga el inicio de la acción penal contra los involucrados, y se inicie el proceso para el deslinde de las responsabilidades administrativas.