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El fallo representa un duro revés judicial para el exmandatario, quien intentaba regresar a la actividad política y cuestionaba la legalidad de la sanción parlamentaria, dictada por presuntas faltas éticas en su gestión.
Con esta decisión, el Tribunal Constitucional ratifica la sanción impuesta por el Poder Legislativo, cerrando momentáneamente la vía constitucional para que Vizcarra pueda postular a cargos públicos.
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