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Palacios destacó que la apelación del Ministerio Público permitió que la pena inicial de 13 años y 4 meses fuera elevada por la Corte Suprema, al considerar agravantes como la condición de subordinación laboral de la víctima y su estado de vulnerabilidad al momento del hecho.
“El incremento de la pena refleja un avance en la interpretación judicial frente a los delitos contra la libertad sexual, especialmente cuando hay abuso de poder”, afirmó el jurista.
La sentencia también incluye una reparación civil de S/ 500,000, monto fijado tras el pedido de la parte agraviada en el proceso de apelación.
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