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La decisión fue tomada tras la sustentación del informe final de la Denuncia Constitucional N.º 300, que responsabiliza a Chávez por haber respaldado y facilitado el mensaje presidencial en el que Castillo anunció la disolución inconstitucional del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia.
Con esta inhabilitación, Betssy Chávez queda impedida de ejercer cualquier función pública durante una década. El caso continuará su trámite ante las instancias correspondientes, mientras que la exfuncionaria enfrenta además un proceso penal por los mismos hechos.
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